Más de 160 ONG exigen a la UE que respete sus principios y rompa con el comercio en la Palestina ocupada

La Comisión Europea debe prohibir cualquier comercio y negocio con los territorios ocupados ilegalmente por Israel. Es la petición urgente que lanzan hasta 163 organizaciones de la sociedad civil. En una misiva enviada a Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, exigen a Europa que sea coherente con sus valores, sus principios y con la propia legislación comunitaria e internacional.

“Para cumplir con sus obligaciones legales, la UE debe prohibir el comercio y los negocios con los asentamientos ilegales de Israel. Si la Comisión que dirige Ursula von der Leyen desea seriamente construir una Unión sensata y basada en valores, debe aplicar sus propias reglas de manera clara y consistente”, advierte Eve Geddie, directora de Amnistía Internacional en Europa.

Varias sentencias de la Justicia europea han obligado a los países europeos a que los productos Made in los territorios ocupados sean señalados con una etiqueta para que el consumidor cuente con toda la información. Estos artículos están excluidos también del trato preferencial que los productos israelíes ostentan a merced del Acuerdo de Asociación, pero pueden entrar con normalidad en el Mercado Interior. “A pesar del consenso de la UE sobre la ilegalidad de los asentamientos y su relación con violaciones graves, la UE sigue comerciando y permitiendo negocios con ellos, contribuyendo a mantener las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional inexorablemente entrelazadas con el mantenimiento y la expansión de los asentamientos”, reza la misiva enviada al Berlaymont, la sede de la Comisión Europea.

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Human Rights Watch (HRW) denuncia que el bloque comunitario, que dice ser el gran faro de protección del Derecho Internacional y de los derechos humanos en un mundo en llamas, no haya sido capaz de responder ante los crímenes y el genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza. “Pero al menos debería ser coherente con sus propias declaraciones y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, prohibiendo el comercio y los negocios con los asentamientos, que están inexorablemente vinculados a atroces abusos de los derechos humanos”, estima.

El mensaje de la Unión Europea, profundamente dividida en torno al conflicto de Oriente Próximo, se limita desde hace décadas a subrayar que la única vía posible para que Israel y Palestina convivan en paz y seguridad es implementar la solución de los dos Estados respetando las fronteras previas a 1967. Sin embargo, la presencia y la expansión de las colonias es precisamente uno de los grandes obstáculos para consumar este plan, ya que hacen menguar el territorio de los palestinos cortando a su vez la continuidad geográfica del hipotético futuro Estado de Palestina. En las últimas décadas se han multiplicado por tres y desde el inicio de los ataques de Israel, el 7 de octubre de 2023, se han extendido a un ritmo sin precedentes, según denuncia la ONG Peace Now. A pesar de la creciente confiscación de casas o de la destrucción de colegios o infraestructuras por parte del Ejército israelí -financiadas en la mayoría de las veces por los europeos-, el bloque comunitario se ha limitado a emitir declaraciones de condena e imponer tímidas sanciones contra los colonos más violentos.

“Todos los Estados miembros afirman que los asentamientos de Israel son ilegales y constituyen un obstáculo para la paz, además de estar vinculados a abusos muy graves. ¿Por qué, entonces, siguen comerciando con ellos?”, se pregunta Claudio Francavilla, miembro de Human Rights Watch.

El Tribunal Internacional de Justicia sentenció el verano pasado a través de un fallo no vinculante que la ocupación israelí de Cisjordania y de Jerusalén Este -ocupados desde 1967- son ilegales y constituyen una violación de la prohibición de segregación racial y de apartheid. En base a ello, instaba a Tel Aviv a devolver esta tierra a los palestinos y evacuar a los colonos. La Haya recordó a los países de la comunidad internacional su obligación de no entablar relaciones económicas o comerciales con Israel en lo referente a los territorios ocupados para evitar que ayuden a perpetuar la ilegalidad y los abusos de derechos humanos así como la impunidad del Estado hebreo. Ya hace dos décadas, la misma corte pidió, sin éxito, derribar el ilegal muro que separa a Cisjordania de Israel.

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La carta exige la implementación de una legislación que prohíba el comercio y las inversiones en estos asentamientos, algo que si existe voluntad política podría dictaminarse desde la Comisión Europea, órgano competente para este tipo de medidas así como la publicación de un documento consultivo de carácter vinculante que disuada a las empresas europeas de realizar actividades comerciales. Von der Leyen, sin embargo, tiene poco apetito de toserle a Israel. Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre es una de las líderes europeas que más ha defendido a los de Netanyahu. Hace ahora un año, España e Irlanda le enviaron una carta pidiendo “con urgencia” que revisara si las relaciones comerciales con Israel eran compatibles con el respeto de los derechos humanos. Nunca respondió.