El mediador belga dimite a causa del bloqueo político

"A un caballo puedes enseñarle dónde está el agua, pero no obligarlo a beber". Con este proverbio, Johan Vande Lanotte, presentó ayer resignado su dimisión al rey Alberto II como quinto mediador encargado de lograr un acuerdo entre los partidos políticos belgas.

En una declaración muy medida y sin aceptar preguntas, Lanotte criticó sin nombrarlos a los dos principales partidos flamencos por su "falta de voluntad suficiente" para aceptar a un pacto de mínimos con los francófonos sobre el que negociar la composición del Gobierno. El rey, que lleva 208 días esperando a que los siete partidos políticos que negocian las líneas maestras de una reforma del Estado logren un consenso, pensará hasta el lunes qué hacer con su enésimo enviado.

Lanotte, un socialista flamenco muy respetado a ambos lados de la frontera lingüística, presentó el lunes una propuesta final que consiguió el apoyo de una mayoría de partidos. Pero ni la gestión de parte de lo recaudado con el impuesto de la renta ni una transferencia de soberanía desde el Estado a las regiones bastó a la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), vencedora de las elecciones de junio, ni a los democristianos de la CD&V, primer partido en Flandes hasta entonces.

"Es mejor no tener un acuerdo que uno malo", aseguró en un comunicado la N-VA. Su líder, Bart de Wever, que en junio recibió del rey el encargo de buscar el entendimiento con los francófonos, pidió ayer una negociación directa con los socialistas francófonos, que lograron un incontestable éxito electoral. "Ha llegado el momento de que las grandes locomotoras pongan de nuevo el tren en marcha", argumentó De Wever.

Elio di Rupo, líder del Partido Socialista, recordó que para cualquier reforma del Estado "es necesaria una mayoría de dos tercios de los diputados flamencos y de los francófonos", por lo que en un panorama político tan fragmentado "que De Wever y Di Rupo se amen no es suficiente". Según él, Bélgica vive una "crisis insoportable" y a los flamencos les falta "voluntad política" para firmar "un acuerdo que no sólo sea aceptable para uno mismo, sino también para los demás".

Además de la transferencia de la gestión del 26% del impuesto sobre la renta, Lanotte preveía competencias en materia de empleo, tráfico, asistencia de discapacitados, ancianos, inmigrantes y la creación de un ministro de Justicia para cada región. El estatus de Bruselas y sus suburbios, donde los francófonos seguirían conservando derechos lingüísticos dentro del suelo flamenco, es uno de los puntos de más discusión.