A punto de cumplirse dos años de la reclusión forzosa del fundador de Wikileaks, Julian Assange, 59 organizaciones internacionales han exigido a la ONU que ponga fin a la violación de sus derechos. Casualmente, el segundo aniversario de su reclusión en la embajada de Ecuador en Londres se cumplirá este mismo jueves 19, coincidiendo con la ceremonia de coronación de Felipe de Borbón como rey de España.

En concreto, 33 organizaciones suramericanas pro derechos civiles se han unido a 26 organizaciones internacionales -de derechos humanos, defensoras del derecho a un juicio justo y agrupaciones de juristas- para condenar la violación de los derechos básicos de Assange, a su juicio cometida por Suecia.

La situación de Assange no resulta de los actos que según Suecia cometió en ese país, asegura uno de los documentos

Durante cuatro años el país nórdico ha mantenido una orden de detención contra el responsable de Wikileaks, cuando aún ningún tribunal ha aplicado cargos contra él, y mientras el Gran Jurado Federal de EEUU sigue trabajando en el caso contra Assange y sus colaboradores.

Dos organizaciones suecas, junto a varias asociaciones de juristas de todo el mundo (incluida la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Asociación Internacional de Abogados Demócratas (IADL) y la Asociación India de Abogados han presentado dos informes (uno en inglés y otro en español) subrayando estas violaciones de derechos, en el caso de decreto de privación de libertad sin juicio previo más prolongado en la historia de la justicia sueca.

Un tercer informe, firmado por 33 grupos defensores de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de la sociedad civil -como la Marcha Mundial das Mulheres (MMM)- han exigido también a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra que intervenga para liberar a Assange, al que consideran un preso político.

Los informes han sido presentados ante el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, el mecanismo encargado de recopilar cada cuatro años la información sobre el cumplimiento de los derechos humanos en todos los países.

El documento presentado en inglés, firmado por 16 organizaciones, critica que 'los métodos empleados por quien impulsa la orden de detención en el caso del señor Assange constituyen una clara violación de sus derechos humanos más básicos'.

La comunidad internacional ha presenciado la 'oportunista manipulación' de las acusaciones contra Assange, según el tercer informe

Por su parte, el informe escrito en español asegura que 'la exigencia de las autoridades suecas de que Assange se persone en Suecia para ser interrogado implicaría que Assange renunciase a su derecho inalienable [al asilo que le proporciona Ecuador] , pero además en la práctica significaría que se arriesgase su vida y su integridad física.

El tercer documento va más allá con su petición a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que interceda ante Suecia y logre la liberación del fundador de Wikileaks:'La comunidad internacional al completo ha sido testigo de la oportunista manipulación de las acusaciones contra Assange, en un intento de destruir su reputación y evitar su liberación, privándole de su capacidad de actuar políticamente. Es obvio que esta situación sin precedentes no resulta de los actos que según Suecia Assange cometió en este país, sino de una clara interferencia política en respuesta a las actividades políticas y periodísticas de Assange. Esta situación ha convertido al fundador de Wikileaks en un preso político, condenado a arresto domiciliario sin que se le hayan atribuido cargos, y sin oportunidad de ejercitar su derecho para lograr un proceso justo.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología y la Asociación Pro Derechos Humanos de España son sólo algunas de las organizaciones que defienden los derechos de Assange, que lleva cuatro años sufriendo diferentes restricciones de movilidad dentro de Reino Unido.

El exhacker teme por su vida si es entregado a EEUU después de que el portal revelase miles de cables diplomáticos con información sensible sobre la política exterior de ese país. Según sus declaraciones, no saldrá de la embajada 'a menos que el Gobierno británico dé información o garantías de que me concedería un salvoconducto seguro'.