Merkel veta toda discusión en la UE sobre Israel

El informe anual del año 2010 que han confeccionado los representantes diplomáticos de la UE acreditados en Jerusalén y en Ramala, acerca de las condiciones generales que reinan en el sector ocupado de Jerusalén (la zona oriental o árabe de la ciudad), suscita numerosas preocupaciones y hace un llamamiento urgente para que Bruselas se muestre firme en todo lo relativo a la ciudad santa, con objeto de evitar las crecientes manifestaciones de la ocupación israelí en la medida de lo posible.

El informe, al que ha tenido acceso Público, no sólo trata cuestiones políticas de hondo calado sino que también introduce recomendaciones prácticas y concretas para conseguir los objetivos que se ha marcado la UE conforme a la legislación internacional y que Israel desdeña sistemáticamente.

El informe de los diplomáticos pide que la UE aplique su propia política

Uno de los aspectos más relevantes del texto es que pone en evidencia que los cónsules europeos realizan su trabajo de diseccionar la vida política, social y económica de Jerusalén bajo la ocupación, y transmiten sus averiguaciones a Bruselas. Sin embargo, en algún lugar ignoto, entre Bruselas y las capitales del viejo continente, la comunicación se interrumpe y se neutralizan los informes diplomáticos.

En medios diplomáticos se echa la culpa principalmente a los jefes de Estado o de Gobierno de países como Alemania, Reino Unido y Francia. La canciller Angela Merkel, por ejemplo, habitualmente veta que en el orden del día de los mandatarios europeos se incluya la discusión de temas relacionados con Israel que puedan ser "problemáticos", de manera que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE ni siquiera discuten cuestiones que son vitales para resolver el conflicto árabe-israelí.

En la zona ocupada ya viven 190.000 colonos judíos y se sigue construyendo

Los cónsules instan a los ministros europeos a aplicar la política europea en Jerusalén de una manera "más activa y visible", y a utilizar las reuniones entre responsables europeos e israelíes para transmitir a las autoridades hebreas "un mensaje claro y consistente" sobre Jerusalén oriental.

En el documento se estima que unos 190.000 colonos israelíes residen actualmente en el sector ocupado de la ciudad santa, destacando que el 37% de las viviendas de colonos que hay en los territorios ocupados están en Jerusalén. El informe detalla la actividad constructora israelí en la Jerusalén ocupada y subraya que muy pronto entrará en servicio un tranvía que conectará varios asentamientos con el centro de Jerusalén.

Se constata que Israel no permite ninguna actividad institucional de la Autoridad palestina en Jerusalén y que Israel renueva automáticamente el cierre de algunas instituciones cada seis meses, lo que ha creado un "vacío de liderazgo" en el sector ocupado de la ciudad.

El informe concluye detallando una lista de recomendaciones para que las aprueben los ministros europeos, entre las que figuran establecer una "estrategia palestina coherente" con respecto a Jerusalén; promover el establecimiento de un representante de la OLP en Jerusalén; invitar desde los consulados en Jerusalén a los líderes palestinos; adoptar una legislación europea que ponga fin a las inversiones europeas que colaboran con las colonias judías, y asegurarse de que no se exportan ilegalmente a Europa productos israelíes elaborados en los asentamientos.

Asimismo, el informe aboga por la reapertura de las instituciones palestinas, pide que se promuevan los derechos económicos y sociales de la población árabe, que se reconozca la dimensión cultural y religiosa de la ciudad sin discriminaciones y que se refuerce el papel que juega la Unión Europea.

Los diplomáticos se ven forzados a recordarles a los jefes de Estado y de Gobierno europeos que la UE está comprometida con "un Estado palestino independiente, democrático, contiguo y viable (...) incluyendo Jerusalén Este", pero que Israel está ejecutando "una progresiva separación de Jerusalén Este del resto de Cisjordania". Y subrayan que la legislación internacional considera inadmisible "la adquisición de territorios por la fuerza".