La Agencia Antidrogas de EEUU ofrecía por él un millón de dólares y la Fiscalía mexicana una cifra similar. Raúl Lucio Hernández Lechuga, alias el Lucky era uno de los 37 criminales más buscados por ambos países.

Conocido como Z-16, era uno de los fundadores y líder regional del cártel de los Zetas en el país. Controlaba las actividades de esta sangrienta organización en algunos de los estados más violentos. Las autoridades mexicanas tardaron más de un año en localizarlo hasta que el Ejército lo capturó el martes tras un enfrentamiento en una autopista en la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz, donde falleció uno de sus escoltas.

El Lucky está acusado de la desaparición de nueve integrantes de la Armada mexicana en Veracruz, entre otros diez delitos graves. También fueron detenidos cuatro de sus presuntos colaboradores y se incautó abundante arsenal armamentístico además de varios uniformes falsos con el logotipo de la Policía y el Ejército mexicano.

Los militares decomisaron en el lugar un arsenal de 132 armas largas, 36 cortas, un fusil Barret, cinco tubos lanzagranadas, 2.641 cargadores, unos 28.000 cartuchos de diverso calibre y 29 granadas de fragmentación.

Pero mientras el Gobierno federal se apunta este tanto, la violencia no cesa. Las muertes ligadas a la delincuencia organizada, registradas por el diario Reforma, se elevan a 10.022, tan sólo de enero a septiembre. Es decir, 37 personas han perdido la vida cada día a causa de la guerra contra el narcotráfico.

Mientras el Ejército detenía al Lucky en Veracruz, en la costa atlántica, en el pacífico la Policía acabó con la vida de dos estudiantes que se manifestaban para exigir mejoras educativas. Uno de los jóvenes, de 21 años, murió al recibir un impacto de bala en la parte frontal del cráneo y otro, de 20, falleció cuando un disparo le atravesó el cuello.

Ambos estudiaban para ser maestros en una universidad de Magisterio para campesinos, herencia del Gobierno socialista de los años treinta. Todos los alumnos llevaban en huelga desde mediados de noviembre y exigían una audiencia con el gobernador del estado para pedirle varias medidas y la destitución del nuevo director, al que acusan de "represor".

Tras tratar, sin éxito, de reunirse con él en cuatro ocasiones, ambos jóvenes cortaron el martes, junto a otros 500 estudiantes, la autopista que va de la Ciudad de México a la turística Acapulco. El gobernador no sólo no les atendió sino que envió a 300 policías armados para que los desalojaran.

Los estudiantes repelieron la embestida policial con piedras y cócteles molotov, uno de ellos hacia una gasolinera que había en las inmediaciones. Al estallar las llamas, los agentes, armados para combatir el narcotráfico, empezaron a disparar contra los muchachos, acabando con la vida de esos dos e hiriendo gravemente a otro.

Más de 200 ONG mexicanas han reclamado una investigación "expedita, imparcial y efectiva" de los hechos y el "pleno respeto al derecho a protestar de la sociedad en su conjunto".