MADRID.- México es uno de los países más violentos del mundo. Casos como el de María Villar, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Angel María Villar, se han convertido en un problema estructural en un Estado que, de acuerdo a un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de 2015, es el tercer país del mundo donde más gente muere por hechos violentos, sólo por detrás de Irak y Siria.

El número de asesinatos y secuestros bailan según el estudio, pero aún así las cifras no dejan de ser apabullantes. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2015 se registraron 20.525 homicidios en el país, por los 20.010 de 2014. México ha sufrido un repunte de la violencia tras bajadas consecutivas desde 2011 y este año, además, las cifras se han incrementado un 16% durante los primeros seis meses, con un promedio de 55 personas asesinadas todos los días, según la organización civil Semáforo Delictivo, que trabaja con datos del Sistema Nacional de Seguridad.

México es, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el tercer país en el mundo donde más gente muere por hechos violentos, sólo por detrás de Irak y Siria

A la cabeza se encuentran los estados de Colima, con 40 de estos delitos por 100.000 habitantes, Guerrero (30), Zacatecas (26) y Sinaloa (18). Todos ellos superan la tasa media nacional, que se sitúa en ocho homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con Semáforo Delictivo. Por otro lado, según un recuento realizado por el diario mexicano Milenio, el pasado julio fue el mes más violento en el país desde marzo de 2013 ─cuando se registró el mayor número hasta ahora─ con una cifra récord de homicidios vinculados al crimen organizado, la gran mayoría ocurridos en el estado de Guerrero. 1.054 asesinatos en 31 días, la cifra más alta del Gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Sin duda el narcotráfico y la guerra contra los narcos tienen mucho que ver con estos números, pero no como algo absoluto. Varios estudios reflejan que sólo el 55% de estas muertes son producto de estos enfrentamientos; otros rebajan la cifra al 34%. México no es el único país en la región que registra tales niveles de violencia a causa del tráfico de drogas, pero a diferencia de varios de ellos, la tendencia es negativa. Honduras y Guatemala, por ejemplo, lograron frenar el número de homicidios en 2014 gracias a las políticas de sus autoridades, destaca el informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Asimismo, en Colombia se ha llegado a un acuerdo histórico para poner fin a un conflicto con más de 50 años.

Peña Nieto alardeaba hace unos meses de que desde el inicio de su mandato ─diciembre de 2012─ la violencia había comenzado a disminuir. La oposición no tardó en echarse encima del mandatario y criticar su discurso "triunfalista". El presidente del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, citó a Peña Nieto, entre otras cuestiones, las cifras de secuestros. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estimó que en 2015, según las denuncias presentadas, se produjeron 1.307 secuestros en todo el país. Una cifra que supera todos los límites cuando, como hace la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, se tienen en cuenta los delitos no denunciados: 102.883 secuestros en un año.

"México es un país rico en recursos materiales y capital humano, tiene la capacidad de hacer frente a la crisis de la impunidad, pero lo que falta hasta la fecha es voluntad", denuncia Open Society Justice Initiative

Uno de los mayores problemas es la impunidad que gozan las múltiples violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. Como alertan organizaciones como Amnistía Internacional, durante 2015 se siguieron recibiendo nuevas denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta que padece México. La situación se agrava por la "falta de rendición de cuentas de la Policía y el Ejército" ante la Justicia mexicana, remarca la ONG.

Según datos oficiales, más de 22.000 personas permanecían secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido en el país norteamericano. Entre ellas, se encuentran los 43 estudiantes del estado de Guerrero que el 26 de septiembre de 2014 fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero de Cocula, según una cuestionada versión oficial. A este respecto, Amnistía critica que las "iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas resultaban por lo general infructuosas".

Otra organización, Open Society Justice Initiative (OPJI), ha acusado al Estado mexicano de perpetrar la violencia y la impunidad e, incluso, tras documentar casos con "fundamentos razonables", de cometer crímenes que la Corte Penal Institucional cataloga como de lesa humanidad. Todo ello ante la inacción de las instituciones de Justicia y de Gobierno: "México es un país rico en recursos materiales y capital humano, tiene la capacidad de hacer frente a la crisis de la impunidad, pero lo que falta hasta la fecha es voluntad", denunció en su último informe el director ejecutivo de OSJI, James Goldston.