Milei inicia una campaña de estigmatización contra los migrantes

El Gobierno del argentino Javier Milei ha elegido una nueva minoría como blanco y objeto de estigmatización: los migrantes. Su portavoz, Manuel Adorni, adelantó en una conferencia de prensa que "va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio" para "avanzar hacia un país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los argentinos". Se trata de un proyecto de ley que está trabajando la secretaría del Interior y que buscará modificar "qué quiere decir ser residente", y establecer "un nuevo criterio", con el objetivo principal de empezar a imponer aranceles a la salud y la educación universitaria.

Nicolás Kreplakl, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ha declarado que "las 'medidas' que anuncia el Gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento". Por su parte, Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, la considera una "clásica medida populista xenófoba: inconstitucional, discriminatoria, ignorante de la realidad, estrategia para desviar la atención".

Para que esta medidas se materialicen, el Ejecutivo de Milei deberá presentar el proyecto anunciado por Adorni –en el que trabaja la Secretaría de Interior junto a la Dirección Nacional de Migraciones– al Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias –si finalmente se convocan– o en las ordinarias del año que viene, y ver si consiguen los votos suficientes para aprobarlo.

Según explican desde el Gobierno, en la actualidad existen cuatro tipos de residencias para un extranjero: la Precaria, que es para 90 días; la Transitoria, que es para un año; la Temporaria, que es para tres años; y la Permanente, que no tiene fecha de vencimiento. Lo que están buscando desde La Casa Rosada es que las universidades puedan comenzar a cobrar a los estudiantes que tengan cualquier residencia que no sea la permanente.

El portavoz fue el encargado de adelantar este proyecto de ley que aún no está terminado. "En primer lugar se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero", dijo Adorni, sin citar la fuente de la que extrajo esta información. También agregó que, en segundo lugar, "vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora".

Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), corrigió a Adorni cuando aseguró que actualmente "no hay alumnos en condición de no residentes" y que "cualquier estudiante que venga tiene que sacar su residencia". De hecho, los estudiantes extranjeros representan solo el 4,1% de todos los estudiantes universitarios del país. Además, el análisis del informe Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022-2023, realizado por el actual Gobierno, muestra que el total que podría aportar el cobro de estos aranceles es mínimo y no afectaría significativamente al presupuesto universitario.

Respecto al sistema de salud, como el mismo Adorni reconoció, serán las respectivas jurisdicciones competentes en materia de salud (provinciales o municipales) las que determinarán las condiciones de acceso, incluida la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país.

Kreplakl adelantó: "No cuenten con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio". El ministro explicó, además, que las ideas vinculadas al cobro de prestaciones con la excusa de reducir el gasto público son en realidad un fuerte debate sobre el derecho a la salud y el rol del Estado. También aseguró que los datos contradicen estas ideas, ya que la atención a personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema de salud.

En la provincia de Buenos Aires, solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de los internamientos corresponden a extranjeros. Por este motivo, el bonaerense considera que "las 'medidas' que anuncia el Gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento. El ministro ha afirmado que "este es un debate de quienes pueden o no acceder a la atención sanitaria. Hay que defenderlo como derecho universal. Necesitamos más soluciones reales, no medidas que estigmaticen y excluyan".

Por otro lado, el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, aseguró que se atiende a "menos del 1,2% de pacientes extranjeros". Además, precisó que "la mayoría vienen de Paraguay o Bolivia para una atención específica, por un problema de salud grave o una intervención quirúrgica".

Desde el Gobierno de Milei también han adelantado que "se van a endurecer" los motivos de rechazo para el ingreso al país de los extranjeros. Por ello, puntualizan que la reforma migratoria que llevarán al Congreso será "integral", y que incluirá las áreas de "salud, seguridad y educación".

Respecto a seguridad, han añadido que "en esta reforma vamos a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativos para expulsar a un migrante en el país si se lo encuentra cometiendo un delito en flagrancia o por violentar el sistema democrático atacando las instituciones". Adorni ha explicado que esas personas serán expulsadas "y se les prohibirá el ingreso al país". También quedarán fuera los que intenten ingresar con documentación falsa o que "se sospeche que el motivo del ingreso es diferente al que manifiestan cuando pasan por migraciones". Adicionalmente, habrá una pena de prisión en caso de que "el extranjero viole la prohibición de ingreso".

Muchas de estas cuestiones ya están contempladas en la legislación vigente. Es por eso que el anuncio parece una forma de buscar la estigmatización de los migrantes. La visión xenófoba y discriminadora queda clara cuando el portavoz asegura que "el presidente quiere que los delincuentes no entren al país, que los que estén acá se vayan, y queremos cumplir un viejo anhelo que tenemos muchos: que el residente argentino esté por encima del no residente en lo académico, en lo universitario y que tengan mejores condiciones y gratuidad aquellos que son argentinos. Lo mismo en los hospitales".

Adorni ha tratado de restarle dramatismo al anuncio, que implicará –en caso de que se apruebe la ley– que miles de personas que viven en suelo argentino, trabajan y pagan impuestos, pero aún no tienen la residencia permanente, van a dejar de tener acceso a la salud y a la educación pública.

Bullrich muestra su entusiasmo

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ha expresado en una consulta periodística su entusiasmo por el anuncio del portavoz, y ha confesado que este llega después de tiempo de trabajo. También ha demostrado un apoyo rotundo al proyecto de Ley. En cuanto al pago en las universidades públicas, Bullrich ha indicado que "aquellos que quieran venir a estudiar a la Argentina y formarse podrán hacerlo pagando un arancel, que por supuesto no será lo mismo que una universidad privada, pero que significará un retorno a los ingresos de la gente. De lo contrario, se forman profesionales que estudian aquí y luego ejercen en otro país".

No obstante, lo que más emociona a la ministra de Seguridad es la posibilidad de expulsar extranjeros que cometan algún delito. En ese sentido ha anunciado que está trabajando para implementar lo que denominó "expulsiones exprés", pero para ello debe modificar figuras penales previstas en el código.