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Patricia Bullrich, ministra de Seguridad argentina, acusa a tres personas inocentes de organizar un atentado en Buenos Aires

El Gobierno de Javier Milei aplaudió a Bullrich, que no mostró ningún reparo en creerse un rumor urbano y convertirlo en un asunto de Estado. Ahora, la jueza del caso lo ha desmentido.

Imagen de archivo de la ministra argentina Patricia Bullrich, a 25 de octubre de 2023, en Buenos Aires.
Imagen de archivo de la ministra argentina Patricia Bullrich, a 25 de octubre de 2023, en Buenos Aires. Pablo Aneli / telam / EP

El falso espectáculo antiterrorista de Patricia Bullrich empezó como un papelón y terminó como un caso gravísimo. La ridícula historieta replicada por la ministra de Seguridad de Argentina, que fue revelada en exclusiva por Página 12 y que luego despertó el interés de casi todos los medios del país, ha sido desarmada por la jueza María Eugenia Capuchetti en un fallo de 22 páginas.

Capuchetti ha dejado en libertad a los supuestos terroristas a los que Bullrich acusó de planificar un atentado en la ciudad de Buenos Aires: un peluquero de la ciudad de Avellaneda, un jugador de tenis de mesa y un hombre delirante que alardeaba de ser mercenario y agente de la Embajada de Estados Unidos.

En las investigaciones de tramas terroristas se recomienda siempre mantener un perfil bajo hasta capturar a toda la red, pero Bullrich hizo todo lo contrario: convocó una conferencia de prensa el pasado 3 de enero para anunciar, con bombos y platillos, que se había detenido a una célula que preparaba un atentado similar al de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, cuando un coche bomba causó la muerte de 85 personas e hirió a unas 300. Ni más ni menos.

Minutos más tarde, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, no perdió la oportunidad de felicitar a la ministra en nombre de Javier Milei. Página 12 denunció la farsa y, tras una investigación de 15 días, la Justicia no tuvo más remedio que concluir que "no hay pruebas" del disparatado complot elucubrado por la ministra. El peluquero, el jugador de tenis de mesa y el falso mercenario recuperaron la libertad.

La fábula de Bullrich

La ministra no se anduvo con tonterías. Había dicho que la Policía Federal, la Gendarmería (cuerpo militarizado que cumple las funciones de la Policía) y el Ministerio de Seguridad habían logrado desarmar "una asociación criminal trasnacional que se disponía a cometer un atentado en Buenos Aires". En el marco de la investigación, fueron detenidas tres personas que Bullrich se negó a identificar.

Para empezar, filtraron a los medios el dato de que habían llegado a Argentina tres hombres sirio-libaneses que eran los que iban a perpetrar el ataque. Falso.

Solo uno de los detenidos llegó del exterior y es de origen sirio-libanés: Naem Chatay Chassan, de 67 años, que durante décadas vivió en Venezuela y con la crisis se mudó a Colombia. Fue a Argentina con el plan de instalar un gimnasio en el que daría clases de tenis de mesa. Chassan, además, es dueño de una perfumería en el barrio de Veracruz, en Bogotá.

El segundo detenido, que no es sirio-libanés ni vino del exterior, fue Juan Manuel Ledesma, al que llaman El Rubio, un hombre que finge ser mercenario, agente de inteligencia y periodista. Es el que se inventó toda la historieta.

El Rubio se enteró por un amigo conserje del hotel Gran España, en Buenos Aires, de que existía una reserva de una persona de origen sirio-libanés con pasaporte colombiano. Esos dos datos despertaron la imaginación de El Rubio, que alertó a un amigo de la Policía Federal, Maximiliano Gerez.

Mientras investigaba por su cuenta, fue a cortarse el pelo donde la peluquera, Rubí, le contó que un chico joven estaba en una situación complicada porque iba a recibir un paquete de 35 kilos desde Yemen y no lo quería. El Rubio juntó todos los elementos y todo indica que llamó de manera anónima al 911 y a la Embajada de Israel, diciendo que el sirio-libanés, con el paquete de explosivos venido de Yemen, atacaría algún edificio de la comunidad judía. En lugar de investigar con cautela, Bullrich decidió montar un espectáculo.

El tercer personaje de la fábula es, precisamente, el dueño del supuesto paquete, el peluquero Ramón Alberto Domínguez, que no es sirio-libanés ni vino de ningún lugar: vive en Avellaneda. El muchacho se puso a chatear hace meses con una mujer, ella le dijo que era norteamericana, que quería ir a Argentina y que le iba a mandar un regalo.

La Unidad Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal calificó el asunto como "una típica estafa" porque poco después llamaron al peluquero y le dijeron, de manera amenazante, que debía retirar el paquete y pagar más de 800 euros. Por supuesto que la investigación determinó que no existió paquete alguno: era un plan para sacarle dinero.

Mentiras peligrosas

Toda la experiencia internacional en materia de terrorismo recomienda manejar los casos en el mayor de los silencios, de tal forma que si la trama es verdadera, se requiere investigar todas las ramas del caso con la mayor precaución y desarmar la supuesta red. En Argentina y donde sea.

Si los datos aportados son falsos –como en este caso– y no existe una verdadera amenaza, el bajo perfil es aún más obligatorio. Ignorar la precaución significa hacer un papelón y rebaja las alertas. Entonces, cualquier ciudadano piensa que no vale la pena denunciar porque "no hay peligro". Sin embargo, Bullrich montó una sobreactuación que, además, recibió la felicitación presidencial.

El fallo de la jueza Capuchetti

Capuchetti consigna en las 22 páginas de su sentencia varios elementos. Por un lado, ha determinado que los datos aportados por Chassan son verídicos: vivió en Venezuela, luego en Colombia y en su terminal móvil se pueden verificar las gestiones por conseguir un gimnasio para enseñar tenis de mesa. Además, el Gobierno de Colombia confirmó que su pasaporte es legal y vigente. No aparece en ninguna lista de sospechosos de la CIA o el FBI y presentó certificados de buena conducta de Colombia y Venezuela.

Por otra parte, El Rubio confesó que se inventó toda la historia; que el conserje del Hotel Gran España le contó que venía un sirio-libanés, que él le reveló los datos a un policía federal, que luego fue a la peluquería y le contaron lo del paquete de Yemen y el peluquero. Con todo, consideró que "era una buena trama". Sin embargo, no admitió que llamó al 911.

El peluquero dijo que no entendía nada, que no conoce a Chassan y que efectivamente intentaron estafarlo con el cuento de la mujer y el paquete. Hizo la denuncia en una fiscalía de Avellaneda, algo que la jueza pudo corroborar. En el teléfono de Domínguez se encontraron también los chats con la mujer y, paso a paso, la maniobra para sacarle los 800 euros.

La Aduana, la Unidad Antiterrorista, el Correo Argentino y una empresa de correo privado certificaron que la famosa encomienda no existe y que el recibo de envío con el que le exigían los 800 euros al peluquero es falso.

Con esto en cuenta, Capuchetti dictaminó la inexistencia de pruebas para procesar a los tres detenidos y de inmediato se ordenó su libertad. La magistrada decidió prohibir la salida del país de Chassan, Ledesma y Domínguez hasta que se ponga fin al entramado judicial. Por lo que describe en las 22 páginas de su fallo, ya es un asunto cerrado.

Un grave espectáculo

La maniobra de autopromoción de Bullrich se relaciona con un asunto de gran gravedad: la guerra entre Israel y Palestina. Los peligros están presentes en ambos escenarios, pero también en el resto del mundo.

Argentina está especialmente expuesta porque el presidente Milei se posiciona con EEUU e Israel, a lo que se puede agregar el coqueteo con la religión judía y los rabinos más conservadores. En ese marco se requiere seriedad, cautela y bajo perfil.

Pero, además, Bullrich tiene otro objetivo: instalar la cuestión del terrorismo, aunque la historia sea falsa. Apunta a justificar la intervención de las Fuerzas Armadas con el argumento de que las amenazas en el mundo son multidimensionales, por lo que hay que impulsar la actuación de los militares en materia de seguridad, dada la existencia de terroristas, narcos, organizaciones indígenas o bandas de trata.

El Gobierno intenta preparar el terreno para que cada vez más fuerzas de seguridad y militares sean el instrumento para enfrentar las protestas contra la aprobación de la ley ómnibus.

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