La ministra salvadoreña de Salud propone provocar el parto a Beatriz

La ministra de Salud de El Salvador, María Isabel Rodríguez, ha dicho este jueves que los médicos están listos para practicarle un parto inducido, y "no un aborto", a la joven a quien el Tribunal Supremo rechazó su petición de que se le interrumpa el embarazo porque padece varias enfermedades. "Está bien claro que en este momento la interrupción del embarazo ya no es un aborto, es un parto inducido", porque ya Beatriz, nombre ficticio de la joven, superó las 20 semanas de embarazo, declaró Rodríguez a los periodistas.

Indicó que lo que se haga "es una decisión, primero, personal" de la mujer, de 22 años, aunque matizó que "la decisión médica está por encima de todo" y de antemano tiene el respaldo de las autoridades. "El equipo médico del (estatal) Hospital de Maternidad (donde la mujer es atendida) está listo"; ante "el menor de los síntomas de gravedad, de peligro, de 'Beatriz', se va a actuar inmediatamente", señaló la funcionaria.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de Beatriz de que se le permitiera interrumpir su embarazo porque padece lupus y una enfermedad renal. Su bebé, además, es anencefálico (no tiene cerebro). "Este tribunal sostiene que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus (el que ha de nacer) ni viceversa; asimismo, que existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana 'desde el momento de la concepción'", dice la sentencia, dictada el martes y divulgada ayer miércoles.

La Sala también ordenó a los médicos "continuar monitoreando el estado de salud de la peticionaria y (...) brindarle el tratamiento que en cada momento le resulte idóneo para su condición médica, así como implementar los procedimientos que, según la ciencia médica, se estime indispensables para atender las futuras complicaciones que se presenten".

Rodríguez comentó que el fallo es "para no condenarlo y tampoco aplaudirlo, pero la verdad es que la Corte está reconociendo a partir de ahora, está claro, que la decisión en un determinado momento para actuar, en caso que sea necesario, está en manos de los médicos". La ministra de Salud aseguró que "en todo momento se ha hecho un manejo adecuado" de Beatriz en el Hospital de Maternidad, donde se mantiene "un monitoreo muy estrecho con ella". "Por encima de todo, para mí lo decisivo es proteger la vida de 'Beatriz'", recalcó Rodríguez. Apuntó que si eventualmente la joven quisiera ser tratada en el extranjero, como han ofrecido "muchas organizaciones" e incluso "embajadas", de países que no identificó, "la decisión es de ella".

Anteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, emitió medidas provisionales a favor de Beatriz y pidió al Estado salvadoreño que se le permita practicarse un aborto terapéutico. El Salvador tendrá hasta el 7 de junio para presentar a la Corte Interamericana un primer informe sobre el cumplimiento de las medidas provisionales. La decisión de la Corte IDH deja sin efecto la resolución de la Sala Constitucional del Supremo de El Salvador. El Gobierno salvadoreño no ha confirmado si ya recibió la notificación oficial de la Corte IDH.

Según un portavoz, esta es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre un caso relacionado con el aborto. La resolución indica que se "requiere al Estado de El Salvador que adopte y garantice, de manera urgente, todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la señora B (Beatriz) pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes para evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables en la vida, integridad personal y salud" de la joven.

La solicitud de Beatriz reavivó el debate del aborto en El Salvador, donde desde 1998 es penalizado en todas sus formas, pero ahora deberá acatar la orden de la Corte IDH por ser vinculante. El Salvador es uno de los cinco países de Latinoamérica, junto a Nicaragua, Honduras, la República Dominicana y Chile, que prohíben el aborto de manera absoluta.