Mohamed VI se aferra a su poder ejecutivo en la nueva Constitución

Los líderes de 34 partidos políticos y de cinco centrales sindicales salieron con las manos vacías del sanedrín del poder en Marruecos el 7 de junio.

Convocados al Gabinete Real por Mohamed Moâta-ssim, consejero de Mohamed VI, habían acudido a una reunión copresidida por Abdellatif Mennouni, presidente de la Comisión consultiva de Revisión de la Constitución.

Pero la exposición de las grandes líneas de la nueva Carta Magna que el rey, presionado por las protestas populares, prometió en su discurso del 9 de marzo fue sólo oral. Los líderes políticos marroquíes no recibieron por escrito el borrador del texto.

La prensa marroquí ha filtrado algunas de las grandes líneas de la reforma

Sólo los representantes de la Confederación Democrática del Trabajo y de dos pequeñas formaciones de izquierda, el Partido de la Vanguardia Democrática y Social y el Congreso Nacional Unificado, abandonaron la reunión.

A menos de dos semanas del 1 de julio, fecha en la que se someterá a referéndum la Constitución, ni los partidos tienen en sus manos el texto, ni los marroquíes lo conocen.

El rey conservará su dominio sobre el Gobierno, la Justicia y el Legislativo

En un país que tiene aún un 45% de población rural, buena parte de ella aislada, parece difícil que en menos de dos semanas se divulgue el nuevo texto y se produzca la "amplia concertación" que el soberano prometió el 9 de marzo.

Para Bernabé López, catedrático de Historia del islam contemporáneo de la Universidad Autónoma de Madrid, tal "metodología" tiñe de "descrédito" el referéndum "sea cual sea el resultado".

Lo que se conoce extraoficialmente de la reforma, a través de la prensa marroquí, no deja presagiar tampoco una monarquía parlamentaria.

Si se confirman estas informaciones, el soberano renunciará a nombrar los ministros de soberanía (Interior, Defensa, Exteriores y Asuntos Islámicos) y estará obligado a designar al primer ministro de las filas del partido más votado. La nueva Constitución eliminará la condición "sagrada" del monarca, cuya persona pasará a ser "inviolable" (también lo es el rey de España).

No por ello cambiará de forma significativa el reparto de poder. El monarca no sólo seguirá siendo el líder religioso del país, sino, aún más importante, continuará presidiendo el Consejo de Ministros, lo que le permitirá controlar cualquier decisión del Gobierno. El soberano conservará asimismo la prerrogativa de disolver el Parlamento.

El Poder Judicial seguirá también bajo su tutela, pues presidirá el rebautizado Alto Consejo del Poder Judicial, máximo órgano de los jueces, y nombrará a su presidente interino y a cinco magistrados. Además, el rey se situará al frente del nuevo Consejo Nacional de Seguridad, el organismo que controlará el aparato de seguridad marroquí.