El 10 de julio Layla Ibrahim Issa Jumul fue condenada a muerte por lapidación acusada de adulterio tras un juicio en el que no tuvo acceso a un abogado y su sentencia condenatoria se basó únicamente en su confesión. Layla se encuentra en prisión encadenada con grilletes junto con su hijo pequeño de seis meses esperando a que se ejecute su sentencia.

Esta ejecución violaría la propia Constitución de Sudán, que prohíbe la pena de muerte para mujeres embarazadas o lactantes hasta los dos años de lactancia.

Es el segundo caso en los últimos meses, tras el de Intiisar Sharif Abdallah, que quedó finalmente en libertad.

Los casos de Layla Ibrahim Issa Jumul y de Intisar Sharif Abdallah tienen varios puntos en común: se trata de mujeres, madres jóvenes, que provienen de entornos marginales, y que no eran conscientes de sus derechos ni de la gravedad de los cargos contra ellas. Ambas fueron juzgadas sin representación legal, una violación flagrante del derecho a un juicio justo. Finalmente, la sentencia de Intisar Sharif Abdalla fue revocada y quedó en libertad. La acción puesta en marcha por Amnistía Internacional en internet para detener su ejecución sumó 80.000 firmas.

Amnistía Internacional ha abierto una acción urgente en Internet para tratar de detener esta lapidación de esta mujer de 23 años. Esta organización es contraria a la pena de muerte en cualquier circunstancia y a todos los métodos de ejecución. En este caso, la lapidación, concebida para causar a la víctima un gran dolor antes de matarla, es una violación de la prohibición de la tortura contenida en el Pacto y en la Convención contra la tortura de la que Sudán es signatario.

Además, Amnistía Internacional también se opone a la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos y considera a las personas detenidas por esta razón como presas de conciencia.