La represión policial en las protestas contra el golpe de Estado en Myanmar ha dejado ya 286 muertos, según el último parte de la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), mientras familiares de algunos fallecidos denuncian que las fuerzas de seguridad de la junta militar intentan apoderarse de los cuerpos.

En la última jornada se ha registrado la muerte de otras doce personas, de acuerdo a datos del colectivo, que ha cifrado en 2.906 los detenidos, imputados o condenados desde que se llevó a cabo el golpe de Estado el pasado 1 de febrero, si bien este miércoles se ha liberado a más de 600 personas.

El número de víctimas documentado por la AAPP es muy superior al que reconoce la junta militar, cuyo portavoz, el general Zaw Min Tun, ha dicho que son 164 los fallecidos "en disturbios, durante los cuales se cometieron incendios provocados y actos de vandalismo y violencia".

Pese a la represión, el pueblo birmano se mantiene en pie con sus protestas, que este miércoles se han materializado en una "manifestación silenciosa" por la que se han cerrado negocios y muchos se han quedado en casa en distintas ciudades del país, informa el medio independiente The Irrawaddy.

En los últimos días, el régimen ha ordenado la reapertura de negocios, que habían cerrado, por la fuerza y ha recurrido al trabajo forzoso para despejar las barricadas levantadas por manifestantes en las carreteras. Frente a ello y declaraciones de la junta militar que aludían a una situación de "normalidad" en el país, los manifestantes han optado por una huelga silenciosa para demostrar que no es así.

En Rangún, personal de supermercados y cadenas comerciales han sido convocados en el Ayuntamiento de la ciudad en una advertencia para que no se uniesen a la protesta, mientras los familiares han indicado al portal Myanmar Now que creían que los empleados, cerca de un centenar, se quedaría "retenidos".

Por otra parte, el Banco Central de Myanmar, controlado por la junta militar, ha detenido a altos funcionarios de varios bancos privados para presionarlos a reanudar la actividad de los mismos, según ha declarado el personal al medio antes citado.

En medio de esta nueva jornada de protestas, familiares de fallecidos en la ciudad de Mandalay, la segunda más grande del país, han denunciado ante los medios que las fuerzas de seguridad de la junta están intentando hacerse con los cuerpos.

Preocupación por la ley marcial en Rangún

Sobre la situación en el país, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha expresado su "profunda preocupación" por la imposición de la ley marcial en áreas periféricas de Rangún, como ha recordado el viceportavoz del secretario general de la ONU, Farhan Haq.

"Miles de migrantes han abandonado el municipio de Hlaing Thar Yar, en Rangún, tras la imposición de la ley marcial el 15 de marzo. La OIM estima que aproximadamente 100.000 migrantes han regresado a sus comunidades de origen, principalmente el estado de Rajine y la región de Ayeyarwady, en busca de seguridad y protección", ha agregado.

Haq ha advertido que estas personas "están regresando a comunidades que ya están en peligro debido a los impactos de la toma de control militar", como la suspensión de servicios bancarios o escasez de alimentos.

"Muchos migrantes, que se marcharon rápidamente y agotaron sus limitados ahorros, no pueden satisfacer sus necesidades básicas, incluidos alimentos y agua", ha lamentado.

Por otro lado, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha criticado este miércoles que la designación, por parte de la junta militar, de "asociación ilegal" del grupo que representa al gobierno electo de Myanmar aumenta el riesgo de arresto de activistas y periodistas que informan sobre la situación.

"El Consejo de Administración del Estado debería derogar inmediatamente la abusiva Ley de Asociaciones Ilícitas de 1957", ha demandado así la organización sobre esta legislación que permite al presidente del país declarar ilegal cualquier asociación que considere que "tiene por objeto interferir en la administración de la ley o en el mantenimiento del orden público" o "constituye un peligro para la paz pública".

La asesora legal para Asia de HRW, Linda Lakhdhir, ha señalado que esta ley "tiene un historial desagradable de ser utilizada para enjuiciar a activistas políticos y periodistas que informan sobre grupos de oposición".