Aunque se parecen, técnicamente los terremotos de Chile y Haití son distintos. Dado el desarrollo de uno y otro, sus consecuencias también se evalúan de manera diferente. Así es porque en estas situaciones se ponen a prueba las sociedades y sus cimientos.

En el caso haitiano se medía la existencia misma del Estado. En el caso chileno, su solvencia. En ese sentido, el terremoto del pasado sábado ha dejado al descubierto algunas consecuencias de la apuesta por un Estado mínimo.

El encomiable trabajo de bomberos voluntarios que compatibilizan sus labores en otros ámbitos con el servicio a la comunidad se ha demostrado insuficiente. Significativas son las imágenes de efectivos con uniformes de los Vigli del Fuoco italianos. Así es porque los bomberos chilenos no reciben del Estado todo lo que necesitan, financiándose también con cuestaciones y utilizando material donado.

Asimismo, y al conocerse la magnitud de la tragedia dos días después por las mismas deficiencias estructurales que explican por qué no hubo advertencia del tsunami posterior al terremoto, el Gobierno chileno ha tenido que aceptar una ayuda internacional que en principio había rechazado.

La dejación de funciones del Estado entronca con los daños en infraestructuras construidas por empresas privadas entre ellas muchas extranjeras que obtuvieron concesiones de un Estado incapaz de levantarlas por la sencilla razón de que la base tributaria es débil. Si en España anualmente se hacen 22 millones de declaraciones de la renta, en Chile, con 17 millones de habitantes, apenas llegan al millón. La pregunta es quién repondrá esas infraestructuras; si el Estado o las empresas concesionarias de unas carreteras en las que se pagan peajes a precios internacionales en un país con sueldos latinoamericanos... de ahí la escasa recaudación por IRPF.

Esa realidad económica algo tiene que ver con los saqueos, evidencia de una sociedad con peligrosos niveles de desigualdad. Las autoridades insisten en que no se justifica saquear comercios 24 horas después de la catástrofe. Los sectores populares, sin embargo, saben que con un Estado mínimo las ayudas tardarán en llegar y no serán permanentes. El robo en unas farmacias que operan en régimen de oligopolio, y con precios desorbitados, explica esa diferencia de apreciación sostenida no sólo en la distinta posición social, sino también étnica.

Basta ver a los saqueadores y a las autoridades que han militarizado dos de las regiones afectadas, en algunas de cuyas ciudades se ha impuesto el toque de queda por primera vez desde el final de la dictadura de Pinochet en 1990.

Todo esto ocurre a diez días de la toma de posesión de Sebastián Piñera, primer representante de la derecha que llega a la presidencia por vía electoral en medio siglo. El multimillonario empresario prometió profundizar aún más el modelo imperante desde la dictadura, para lo que ha nombrado un Gabinete de tecnócratas ultraliberales, étnica y socialmente homogéneos.

Ahora tendrá que cambiar sus prioridades para enfrentar la emergencia y dar respuestas a un país que, pasados estos días, puede empezar a hacerse preguntas sobre ese mismo modelo que la naturaleza ha puesto a prueba.