Un decreto y un proyecto de decreto italianos sobre la expulsión de inmigrantes de países de la Unión Europea (UE) violan las normas comunitarias, por lo que el Gobierno de Roma deberá introducir cambios, dijo hoy el comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Jacques Barrot.

Se trata del proyecto de decreto que establece que los inmigrantes comunitarios deben demostrar que tienen medios económicos lícitos de subsistencia y del decreto ya en vigor que ordena la expulsión automática de los extranjeros condenados a penas de más de dos años de prisión.

Los servicios de Barrot examinaron los textos, enviados por el Gobierno italiano el pasado 1 de agosto para una 'revisión informal' por parte de la Comisión Europea (CE).
El análisis preliminar mostró que la prevista exigencia de que los ciudadanos de la UE establecidos en Italia demuestren que tienen medios lícitos para ganarse la vida 'presenta problemas de incompatibilidad' con el derecho comunitario, dijo Barrot en un comunicado.

Esa exigencia es 'excesiva', ya que 'va más allá' de las normas europeas en vigor, que garantizan la libre circulación de los ciudadanos comunitarios por toda la UE, señaló a Efe una fuente comunitaria.

Las expulsiones automáticas de los ciudadanos comunitarios condenados a más de dos años de prisión están incluidas en un decreto que entró en vigor el pasado 26 de julio.

El resultado del examen de la CE recalca que un ciudadano de la UE solo puede ser expulsado caso por caso y tras un procedimiento judicial, no de forma automática, por lo que se abre la puerta a la interpretación y se a pedido a Italia una definición más clara, explicó la fuente.
En cambio, dos proyectos de decreto-ley sobre el reagrupamiento familiar y sobre los procedimientos para el reconocimiento del estatuto de refugiado recibieron el visto bueno del Ejecutivo comunitario.

Las medidas fueron presentadas a la CE después de que ésta comunicó a Roma sus preocupaciones por esas medidas y otras aprobadas por el Gobierno italiano para controlar a los extranjeros dentro del gran debate en aquel país sobre los campamentos de gitanos, procedentes sobre todo de Rumanía, y su presunto papel en el aumento de la criminalidad.

Otra de las discutidas medidas del Gobierno italiano era realizar un censo en los campamentos de gitanos nómadas, y la CE ya consideró a principios de este mes que no hay indicios de que ese plan esté relacionado con el origen étnico o religión de esas personas, ya que sólo recaba huellas digitales cuando no hay otra forma de identificar a las personas.

Barrot señaló que la CE espera que el Gobierno italiano solucione los problemas 'en un plazo muy breve de acuerdo con el derecho comunitario', y advirtió de que Bruselas 'seguirá vigilando' la puesta en marcha conjunta de todos esos textos.