Nuevo intento de frenar a los 'camisas rojas'

Las primeras piedras hacia la jefatura del Gobierno han empezado a aparecer en el camino de Yingluck Shinawatra, líder del partido Puea Thai y ganadora con mayoría absoluta de las elecciones celebradas en Tailandia el pasado 3 de julio.

La hermana del ex primer ministro, el multimillonario exiliado Thaksin Shinawatra, está siendo investigada por la Comisión Electoral del país por fraude electoral. Además, se han presentado varias peticiones para que su partido sea disuelto por malas prácticas.

Tras su victoria, Yingluck declaró que su objetivo era la reconciliación de un país dividido entre sus seguidores, los llamados camisas rojas, que representan las clases rurales y pobres, y los camisas amarillas, representantes de la élite monárquica, empresarial y militar que domina Tailandia.

El pasado martes, la Comisión Electoral publicó una lista de 142 candidatos electos suspendidos por supuesto fraude en la que se incluía a Yingluck y al todavía primer ministro, Abhisit Vejjajiva, junto a otros diputados del Puea Thai pertenecientes al movimiento de los camisas rojas.

La líder ha sido acusada de haber sido guiada durante su campaña por políticos condenados por corrupción, en referencia a su hermano Thaksin Shinawatra, depuesto en un golpe de Estado en 2006.

"El mayor problema es que Thaksin aseguró que guiaría a su hermana y que era su clon. Además, el partido mostró el eslogan "Thaksin piensa, Puea Thai actúa", aseguró Somsri Hananuntasuk, director ejecutivo de la organización Red Asiática para las Elecciones Libres.

El partido de Yingluck también está en peligro, ya que se han interpuesto varias denuncias por corrupción que podrían llevar a su disolución. La última de ellas fue depositada ayer por la Alianza del Pueblo por la Democracia, organización perteneciente a los camisas amarillas.

Una sanción a Yingluck le impediría convertirse en la primera mujer en dirigir Tailandia, pero podría ser reemplazada por otro líder del Puea Thai. Sin embargo, esto incendiaría a los camisas rojas, quienes ya aseguraron que no tolerarán que ninguno de sus candidatos sea sancionado.

Una disolución del partido sería considerada como un golpe de Estado judicial que obligaría probablemente a la celebración de nuevas elecciones. No sería una táctica nueva para los militares, quienes ya la utilizaron en 2008 tras haber protagonizado 18 golpes desde los años treinta.