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Obama da marcha atrás y restablece los tribunales militares

El presidente de EEUU revoca su orden de poner fin a los consejos de guerra que instauró Bush. La Casa Blanca piensa en los futuros prisioneros en Afganistán

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Barack Obama ha tomado la controvertida decisión de restablecer las comisiones militares creadas por el Gobierno de George Bush para juzgar, fuera del sistema legal, a los sospechosos de terrorismo. Obama había prometido acabar con un sistema que durante su campaña denunció con vehemencia, pero las presiones del Pentágono y la nueva situación en Afganistán forzaron un cambio radical de estrategia del presidente.

Las comisiones versión Obama otorgarán más derechos a los detenidos, que tendrán más libertad a la hora de elegir a sus abogados y más protección si se niegan a testificar. No se admitirán pruebas obtenidas bajo tortura (motivo por el que se crearon estas comisiones en 2006) y se limitarán los testimonios de terceros que puedan usarse en el tribunal.

La decisión afecta primero y sobre todo a los 22 prisioneros de Guantánamo pendientes de ser juzgados, pero también a los futuros presos de la nueva ofensiva estadounidense contra Al Qaeda y los talibanes.

Obama suspendió las comisiones y anunció el cierre de Guantánamo el 22 de enero, a los dos días de asumir el poder. Durante la campaña, el candidato calificó el sistema impuesto por Bush de 'enorme fracaso' (sólo se han celebrado tres juicios) y prometió revocar esos consejos de guerra.

Ayer el tono era otro. 'Las comisiones militares gozan de una larga tradición en EEUU. Son instrumentos apropiados para luchar contra enemigos que violan las leyes de la guerra, siempre y cuando se estructuren y administren adecuadamente', dijo el presidente en un comunicado, recordando que en 2006, cuando era senador, votó a favor de las medidas republicanas.

Las nuevas reformas, añadió Obama 'restablecerán las comisiones como un foro legítimo de procesamiento judicial, dentro de los límites de la ley' y anunció que trabajará con el Congreso para lograr 'reformas adicionales para perseguir y enjuiciar a los terroristas'. También sentenció que esta es 'la mejor manera de proteger a nuestro país y respetar nuestros profundos valores'. No todo el mundo opina lo mismo.

'Sólo se trata de unos cambios cosméticos', aseguró ayer el comandante William Kuebler, abogado militar del niño soldado Omar Khadr. 'Es una decisión desafortunada y me parece bastante irónico que ocurra justo cuando se está hablando de enjuiciar a los responsables que instauraron este sistema'.

Los equipos de la defensa no recibieron notificación previa de la decisión y esperaban todavía ser informados del futuro de sus clientes.

'Lo que más me preocupa es que decidan mantener las pruebas y los expedientes en secreto como hasta ahora, porque seguiríamos sin tener acceso a mucho material', declaró la comandante Suzanne Lachelier, que defiende a Ramzi bin al Shib, uno de los acusados del 11-S.

Paradójicamente, los imputados por el 11-S (Ali Abd al Aziz, su sobrino, Mustafa Ahmed al Hawsawi, Walid bin Atash y el supuesto cerebro de la operación, Jalid Sheij Mohamed) podrían acabar en el sistema federal. Primero porque algunos, además de los juicios en Guantánamo, también tienen casos abiertos en los tribunales estadounidenses. También porque todos ellos admitieron su culpabilidad en unas vistas celebradas el pasado diciembre y pidieron ser sentenciados a muerte.

El Gobierno se otorgó un plazo adicional de 120 días para elaborar los detalles de su decisión (necesita 60 días para presentar al Congreso los nuevos reglamentos) y darse cierto margen para abordar la ristra de problemas logísticos que conllevará celebrar juicios de este tipo en territorio de EEUU.

'Creo que el Gobierno quiere mantener abiertas sus opciones', añadió Kuebler, 'porque todavía no tiene muy claro qué va a hacer, por eso necesita más tiempo'. Washington ha anunciado que liberará a algunos de los detenidos de Guantánamo pero no ha dado detalles.

Más que en estos últimos, Obama piensa en los futuros prisioneros de la 'guerra contra el terror', sobre todo, ahora que ha reforzado su presencia en Afganistán. El Departamento de Justicia ha convocado una reunión en junio con los abogados militares para pedirles consejo sobre qué hacer con los próximos detenidos del nuevo frente afgano-paquistaní.

Otra de las opciones que el consejero legal de la Casa Blanca, Greg Craig, estaba barajando era encontrar una fórmula para mantener detenidos indefinidamente a los elementos considerados más peligrosos, sin duda en la cárcel de la base de Bagram (Afganistán).

LOS HITOS

Los juicios
El chófer de bin laden

Las comisiones militares se crearon a finales de 2006 y sólo han juzgado a tres prisioneros. Los primeros juicios, los de Salim Ahmed Hamdan, el “chófer de Bin Laden”, del australiano David Hicks, y del niño soldado Omar Jadr se celebraron en febrero de 2007. Hicks se declaró culpable y fue repatriado a Australia; Hamdan volvió hace poco a Yemen, para cumplir el resto de su condena y fue liberado el pasado 8 de enero; Jadr, que fue apresado con 15 años y tiene ahora 22, todavía espera su sentencia. La próxima vista estaba inicialmente prevista para el primero de junio.

La marcha atrás
Las fotos de las torturas

Esta misma semana, Obama se opuso a la desclasificación de fotos comprometedoras sobre el maltrato de prisioneros en las cárceles secretas de Irak y Afganistán. En ese caso, igual que para mantener las comisiones militares, invocó el mismo argumento que su predecesor: proteger la seguridad nacional.

El argumento
El peligro para EEUU

Hace unos días, el fiscal general, Eric Holder, aseguró al Congreso que nunca haría “nada, absolutamente nada, que pudiera poner en peligro la vida de los estadounidenses” y no liberaría nunca a sospechosos de terrorismo “si pensamos que pueden suponer una amenaza” para el país.

El malestar
El destino de los presos

El malestar es palpable entre los demócratas. El pasado jueves, se negaron a aprobar los 80 millones de dólares que el secretario de Defensa, Robert Gates, pidió para el cierre de Guantánamo, previsto para enero de 2010, antes de recibir más detalles sobre el posible traslado a territorio de EEUU de muchos de los 241 presos que quedan en la base.