Objetivos: la pensión y la impunidad

"Se ofrecen 942 puestos de trabajo en sendos palacios en el centro histórico de Roma. Jornada laboral: tres días por semana. Sueldo neto: 5.846, 58 euros; dietas y otros complementos, alrededor de 7.000 euros más. Retribución total: entre 12.000 y 14.000 euros netos al mes. Teléfono, coche oficial y billetes de avión gratis. Se aceptan candidatos con antecedentes penales y expresidiarios".

Este anuncio de trabajo es imaginario pero sus condiciones no: son las que disfrutan los 942 parlamentarios italianos, entre diputados y senadores, a costa de los sufridos contribuyentes italianos, que no por casualidad padecen una carga fiscal que se encuentra entre las más elevadas de la Unión Europea (la más alta en el caso de los gravámenes a las empresas que, en Italia, son en su mayoría de tamaño pequeño o mediano).

A los exorbitantes privilegios que disfrutan los miembros de lo que se conoce como La Casta (el título de un libro que en 2007 reveló las prebendas de la clase política italiana) se suma uno cuyas consecuencias en la actual crisis de Gobierno en Italia no se puede infravalorar: la pensión vitalicia de un mínimo de 2.500 euros que disfrutan los exparlamentarios italianos. Con una única condición: haber completado 500 días, una legislatura de cinco años, en el escaño.

Para cobrar 'il vitalizio', se exige haber completado una legislatura

La caída de Berlusconi no implica un cambio de los parlamentarios, y un tercio de ellos, 350 entre diputados y senadores, necesitan terminar esta legislatura, y por lo tanto que no haya elecciones anticipadas, si quieren cobrar il vitalizio, una pensión que ya perciben en Italia 2.307 exseñorías, que se embolsan hasta 7.000 euros mensuales. Un reconocimiento por los servicios a la patria que le cuesta anualmente 200 millones de euros al mismo Estado que ahora exige grandes "sacrificios" a sus ciudadanos para superar la crisis económica.

Aunque seguramente muchos de estos parlamentarios actuarán siguiendo sólo los dictados de su conciencia, lo cierto es que el interés personal podría haber guiado ya antes de ahora el voto de algunos de ellos en sesiones clave en el Parlamento. El semanario L'Espresso ofrece un ejemplo revelador: el 14 de diciembre de 2010, el Ejecutivo de Berlusconi superó a duras penas por sólo tres votos una moción de confianza. Lo logró gracias al apoyo y en un caso la ausencia de cuatro parlamentarios que renegaron de la disciplina de voto de su partido, la formación Futuro y Libertad (FLi) del exaliado de Il Cavaliere, Gianfranco Fini.

Si se va a las urnas, los parlamentarios imputados pierden la inmunidad

De los cuatro diputados rebeldes, una, Maria Grazia Squillini, había anunciado antes de la sesión parlamentaria que volvía a las filas del partido de Berlusconi, que había abandonado cuando Fini fue expulsado; era pues lógico que cambiara su voto. Los otros tres, Giampiero Catone, Catia Polidori y Silvano Moffa, votaron por sorpresa a favor de la continuidad del Gobierno. Ninguno llevaba aún en el escaño los preceptivos 500 días para acceder a la pensión. "Un voto en dirección opuesta [para acabar con Berlusconi] les hubiera mandado a casa y sin pensión", precisa L'Espresso.

La perspectiva de irse a casa no sólo contraría a quienes pueden perder tan vitalicio emolumento, sino mucho más a quien, más que ir a su casa, puede ir derecho a prisión. En un país en el que el ahora exjefe de Gobierno está acusado de sobornar a testigos, de fraude fiscal y de prostituir a menores, no debería sorprender que un número abultado de parlamentarios haya sido condenado o bien tenga a los jueces esperando a las puertas del Parlamento con una orden de arresto en la mano. Mientras los onorevoli (honorables, el tratamiento equivalente a señoría) sigan siéndolo, esas órdenes no se pueden ejecutar, excepto en el caso rarísimo de que un parlamentario sea desaforado. El único grupo político que en Italia puede jactarse de que todos sus electos tienen su certificado de penales impoluto es la Italia de los Valores, del exjuez Antonio di Pietro.

De los imputados o condenados, algunos, como Roberto Maroni, tienen en sus antecedentes delitos que constarán en los anales de lo ridículo. Maroni podría jactarse del dudoso honor de haber sido hasta hace unos días el único ministro de Interior de Europa, y seguramente del mundo, que fue antes condenado a cuatro meses de cárcel por haber intentado dar un mordisco a un policía durante un registro de una sede de la Liga Norte en 1996.

El exministro Raffaele Fitto está acusado de abuso de poder y corrupción

Maroni ya saldó esa deuda. Otros de sus colegas, como Raffaele Fitto, hasta ahora ministro de Asuntos Regionales, tienen aún asuntos pendientes con la Justicia. Fitto está acusado de cargos de corrupción, financiación ilegal de partido político y abuso de poder.

Más allá de la idoneidad de personas como Marcello Dell'Utri, mano derecha de Berlusconi (condenado a siete años de cárcel por complicidad con la mafia), para ocupar un asiento en el Senado, el largo elenco de diputados y senadores imputados deja claro que ninguno de ellos tiene interés en que se convoquen elecciones. Al igual que sucede en el caso de Berlusconi, los intereses privados de algunos parlamentarios no sólo no coinciden con los de Italia, sino que son un lastre para el país.