Ofensiva judicial contra Israel por asaltar la flotilla

El asalto a la llamada Flotilla de la Libertad, que trataba de burlar el bloqueo a Gaza y que acabó el 31 de mayo con la muerte de nueve activistas turcos a manos de soldados israelíes, llegará antes de que acabe el año en forma de querella a los tribunales de nueve países de la UE, además de los de Turquía.

Un grupo coordinado de abogados especializados en derechos humanos presentará querellas por crímenes de lesa humanidad contra ocho altos dirigentes políticos y militares de Israel, incluyendo el primer ministro, Binyamin Netanyahu; y los responsables de la cartera de Defensa, Ehud Barak, y de Exteriores, Avigdor Lieberman.

Los tres activistas españoles están detrás de la iniciativa

La primera de las querellas se presentará mañana en España en la Audiencia Nacional. La promueven los tres españoles que formaban parte del barco atacado, Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra, así como el Comité de Solidaridad de la Causa Árabe y la asociación Cultura, Paz y Solidaridad Haydeé Santamaría.

El equipo de abogados que se ha involucrado en la querella, que suma 83 páginas, está formado por Gonzalo Boyé, Isabel Elbal, Enrique Santiago, Antonio Segura y Amanda Meyer.

Tras el verano, está prevista la presentación de demandas análogas en otros ocho países de la UE: Grecia, Italia, Alemania, Suecia, Holanda, Bélgica, Reino Unido y Francia. Y también se ultima una iniciativa idéntica en Turquía.

Las querellas parten de las mismas bases jurídicas y denuncian crímenes de lesa humanidad, pero se adaptarán a las experiencias concretas sufridas por los propios nacionales integrados en la flotilla.

La iniciativa se acordó en la reunión de abogados de derechos humanos celebrada el 15 de julio en Estambul para explorar una respuesta jurídica coordinada al ataque. A la reunión asistieron cerca de 70 abogados procedentes de 25 países. Tras esta primera ola de querellas, que se presentarán antes de fin de año, los promotores esperan sumar nuevos países a la demanda.

En el barco asaltado, llamado Mavi Mármara, viajaban 750 personas de 36 nacionalidades, incluida la israelí. Formaba parte de la Flotilla de la Libertad, integrada por seis barcos, que se proponía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria a la Franja.

Israel justificó la operación militar para evitar que el despliegue humanitario fuera en realidad un balón de oxígeno para la organización extremista Hamás, que controla Gaza. Y sostiene que los nueve muertos fueron en defensa propia de los soldados, que se toparon en el buque con resistencia armada, algo que niegan tajantemente los activistas.

La presión internacional ha forzado a Israel a crear al menos una comisión de investigación, en la que habrá presencia internacional con voz, pero sin voto. Pero los promotores de la querella han decidido presentarla igualmente: "Es inadmisible que hechos de la gravedad como los descritos aquí, y vistos en todo el mundo y por todo el mundo en televisión, prensa e Internet, sean objeto de una comisión de investigación en lugar de ser parte de un proceso penal, que es lo que cualquier Estado democrático y de derecho debería hacer", se escribe en la querella.

Los abogados en España son los primeros que han finalizado la redacción de la querella porque ya estaban trabajando en ella antes de la reunión de Turquía. Varios de los juristas impulsaron en 2009 una querella contra Israel por el asesinato selectivo de un líder de Hamás que costó la vida a otras 14 personas.

La admisión a trámite de esa querella, ya archivada, provocó un conflicto diplomático con Israel, que el jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, zanjó con la promesa de una reforma legal para dificultar el ejercicio de la jurisdicción universal en España.

Tras la reforma, uno de los requisitos para esgrimir jurisdicción universal es la existencia de afectados españoles, lo que explica que en la querella que se presentará mañana se destinen casi 30 páginas a describir el supuesto maltrato sufrido por los tres activistas españoles que viajaban en el Mavi Mármara. Los abogados consideran que fueron víctima de "un único delito de lesa humanidad, pero con el resultado de tres detenciones ilegales, tres deportaciones forzosas y tres delitos de tortura menos graves".

La querella basa la calificación de delitos de lesa humanidad en la jurisprudencia del Tribunal de la ex-Yugoslavia, que pone énfasis en el ataque contra la población civil, "siguiendo una actuación de conformidad con políticas de Estado", y de forma "generalizada o sistemática".

Uno de los puntos de la jurisprudencia sostiene, según la querella, que "puede ser calificado como crimen contra la humanidad un simple acto, si está en conexión con un ataque generalizado o sistemático", lo que a juicio de los querellantes es claro para Israel.