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Una ONG advierte de que China tiene nueve comisarías ilegales en España

Un informe de Safeguard Defenders alerta de que el gigante asiático estaría persiguiendo a la disidencia a través de una red de 54 "centros de servicios policiales en el extranjero" repartidos por todo el mundo.

Ciudadanos caminan por una céntrica calle de Hong Kong junto a una pantalla gigante con el presidente de China, Xi Jinping, durante su intervención en el Congreso Nacional del Partido Comunista de China el 22 de octubre de 2022.
Ciudadanos caminan por una céntrica calle de Hong Kong junto a una pantalla gigante con el presidente de China, Xi Jinping, durante su intervención en el Congreso Nacional del Partido Comunista de China el 22 de octubre de 2022. JEROME FAVRE / EFE

La ONG Safeguard Defenders asegura en su último informe que China ha creado un programa piloto en el que ha abierto una red de comisarías clandestinas repartidas por todo el mundo con el objetivo de perseguir a ciudadanos disidentes.

La organización, con base en Madrid, afirma que se han establecido 54 "centros de servicios policiales en el extranjero" en un total de 21 países de los cinco continentes, todos ellos dirigido por las oficinas de seguridad pública de las ciudades chinas de Fuzhou y Qingtian.

En España habría nueve de estos centros: tres en Barcelona, otras tres en Madrid, dos en Valencia y una en Santiago de Compostela.

Según denuncia la ONG, estas comisarías ilegales ofrecen servicios consulares y otros trámites administrativos a ciudadanos chinos en el extranjero como la como la renovación de las licencias de conducir. 

La razón oficial para la creación de estos centros es la lucha contra el fraude en las telecomunicaciones

La razón oficial para la creación de estos centros es la lucha contra la delincuencia transnacional, especialmente el fraude en las telecomunicaciones y el crimen cibernético, que ya ha supuesto la detención de un gran número de ciudadanos chinos residentes en el exterior. Sin embargo, Safeguard Defenders considera que utiliza estas comisarías para forzar el "regreso voluntario" de ciudadanos sospechosos de haber cometido algún tipo de delito.

Según el informe, China se jacta de "haber persuadido" a 230.000 chinos entre abril de 2021 y julio de este año para que regresen "voluntariamente" a China para saldar sus cuentas con la justicia. Dicha persuasión se inicia con un requerimiento al ciudadano cuestionado. Si no atiende a la petición, se procede a presionar a sus familiares en China para que convenzan al compatriota a regresar al país. 

El régimen chino considera que hay nueve países permisivos con el fraude en las telecomunicaciones y en los que se refugian muchos criminales. Estos son Turquía, Birmania, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. Por eso, prohíbe a los ciudadanos chinos que vivan en ellos sin una causa muy justificada.

Detalle de las oficinas

El informe hace hincapié en que la mayoría de estas comisarías estén en países democráticos, especialmente europeos, donde reside buena parte de la disidencia con Xi Jinping. En los Estados Unidos habría un centro en Nueva York. En Canadá se establecieron tres en Toronto. En Latinoamérica, hay dos en Ecuador, otras dos en Brasil, una en Argentina y otra en Chile.

La mayoría de las comisarías chinas en el extranjero estaban ubicadas en Europa, incluidas las nueve en España

La mayoría de las comisarías chinas en el extranjero estaban ubicadas en Europa, incluidas las nueve en España, el país del continente con mayor número. Italia alberga la segunda mayor cantidad con cuatro: Roma, Milán, Florencia y Prato. En Francia, tres centros de servicio operan desde París. Portugal también acoge uno en Oporto, Lisboa y Madeira. En Reino Unido, hay localizados dos en Londres y uno en Glasgow.

Los Países Bajos albergan dos centros de este tipo en Amsterdam y Rotterdam, respectivamente, mientras que la República Checa tiene dos en Praga. Otras dos están en Budapest (Hungría). Los países europeos que albergan solo una de estas comisarias incluyen Dublín, Irlanda; Bratislava, Eslovaquia; Frankfurt, Alemania; Atenas, Grecia; Estocolmo, Suiza; Viena, Austria; Odessa, Ucrania; y Belgrado, Serbia.

En los Países Bajos, las autoridades están investigando las oficinas de Ámsterdam y Róterdam. La actividad que está bajo sospecha se remonta a 2018, en el caso de Ámsterdam, y a este mismo año, en el de Róterdam. Un disidente exiliado citado por la cadena RTL Nieuws ha explicado que le citaron en la oficina de Róterdam y le instaron a volver a China para resolver sus "problemas". "También me dijeron que tenía que pensar en mis padres", ha relatado.

Los colaboradores de Safeguard Defenders en cada país han recabado muchos testimonios de personas que han sido forzadas a regresar por el simple hecho de tener una posición política a favor de la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles en un país cada vez más dominado por el férreo control de Xi Jinping.

Acumulación de poder de Xi Jinping

El 20º Congreso del Partido Comunista Chino constantó la acumulación de poder por parte de Xi Jinping tanto al frente del partido como de todo el país. Xi impuso su ley durante el cónclave y eligió personalmente a sus fieles para copar la nueva cúpula de la formación y así dominar completamente el régimen durante un tercer mandato de cinco años sin ninguna facción interna que pueda hacerle sombra o fiscalizar sus decisiones.

La ONG observa que con esta red de comisarías China "evita la cooperación policial y judicial oficial bilateral y viola el estado de derecho internacional

La ONG observa que con esta red de comisarías China "evita la cooperación policial y judicial oficial bilateral y viola el estado de derecho internacional, y puede violar la integridad territorial de terceros países involucrados en el establecimiento de un mecanismo policial paralelo utilizando métodos ilegales".

Este sistema puesto en marcha formaría parte del llamado Frente Unido, un sistema de las agencias del Partido Comunista Chino que sirve para captar e influir en "figuras representativas", tanto dentro como fuera del país, con especial atención a las comunidades religiosas, de minorías étnicas y de la diáspora.

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