Una ONG marroquí reconoce que el asalto al campamento saharui fue ilegal

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) ha denunciado que las autoridades marroquíes no respetaron la ley en el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui el pasado noviembre en El Aaiún y pidió una investigación independiente para determinar responsabilidades.

En un extenso informe presentado en Rabat, destacó que "la ofensiva no se hizo con el tiempo suficiente para que la población comprendiera lo que estaba ocurriendo y se preparara para partir".

El documento, realizado por un comité de investigación establecido por esa ONG, agregó que "no se adoptaron medidas especiales para evacuar a los ancianos, las mujeres embarazadas, los niños y las personas discapacitadas".

El informe también apuntó que las autoridades "provocaron a una parte de la población de El Aaiún para que ejerciera una especie de castigo colectivo contra otros residentes en barrios como el de Colomina Nueva", habitado por una mayoría saharaui.

Según sus investigaciones, las fuerzas de seguridad "renunciaron a su responsabilidad de proteger las propiedades del Estado y de los ciudadanos a través de su ausencia casi total de El Aaiún la mañana del desmantelamiento, y al alentar a algunas personas a destruir el interior de algunas casas esa tarde".

El informe registra que el desalojo el 8 de noviembre y los disturbios posteriores fueron acompañados de graves violaciones de los derechos humanos, que llevaron a la muerte de 13 personas (11 agentes y dos civiles saharauis), un caso de aborto, detenciones arbitrarias e ilegales y torturas a los detenidos.

La AMDH recomendó por ello la apertura de "una investigación neutral y objetiva para determinar las responsabilidades con la aplicación de la Justicia y la activación del principio de no impunidad para los responsables".

La misma fuente confirmó que las autoridades "hicieron restricciones" sobre el derecho de acceso a la información mediante el bloqueo del desplazamiento a El Aaiún a algunos medios de comunicación nacionales y internacionales y a algunos representantes de asociaciones de derechos humanos.

El informe lamento además "el deterioro" de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental, que se caracteriza, a su juicio, por la restricción sistemática a la libertad de opinión y de expresión, la prohibición de protestas pacíficas y la falta de reconocimiento legal de las asociaciones saharauis".