El Mecanismo Internacional e Independiente de la ONU para la Justicia y la Igualdad Racial emitirá recomendaciones para los gobiernos de España y Marruecos con el fin de evitar que se repitan incidentes como el del pasado 24 de junio en la valla de Melilla, donde fallecieron al menos 23 personas y hubo más de 300 heridos, entre ellos 200 agentes marroquíes y españoles. Aunque según las cifras recogidas por las organizaciones, perdieron la vida al menos 37 personas. 

"Deseamos dar recomendaciones concretas a ambos gobiernos para acabar con este ciclo de encuentros mortales entre africanos y fuerzas de seguridad", subrayó en un comunicado Justice Mokgoro, presidenta del mecanismo.

El Grupo de Expertos de la ONU para afrodescendientes se unió a la citada institución en una nota oficial conjunta en la que urgieron a Marruecos y España a reportar los progresos de las investigaciones iniciadas en torno a la última tragedia en la valla. Alrededor de 2.000 migrantes intentaban saltar la valla que separa Marruecos de España. 

Los expertos pidieron también información sobre las regulaciones española y marroquí en materia de uso de la fuerza en este tipo de casos, y subrayaron que "deben estar guiadas por los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas y no discriminación".

Denuncias por "vulneración de derechos" en la valla

Un total de 74 organizaciones sociales han enviado una carta a las Relatorías de Naciones Unidas sobre los DDHH de las Personas Migrantes y Sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. En ella, reclaman responsabilidades por las "vulneraciones de derechos en la frontera sur".

Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Save the Children solicitan que los hechos sean "investigados y enjuiciados", al igual que la ONU. A su vez, piden una visita al lugar de los hechos para impulsar un diálogo entre España y Marruecos para adoptar las medidas necesarias y que no vuelva a suceder nada parecido. 

"La respuesta desproporcionada mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes estatales −tanto del Estado marroquí como del Estado español− provocó la muerte de al menos 37 personas, cientos de heridos, expulsiones sumarias, deportaciones, detenciones arbitrarias, e incluso se ha registrado la entrada a territorio español de los agentes estatales marroquíes para ejecutar las expulsiones", señalan.

Reclamos conjuntos

Las ONG aseguran que los sucesos que ocurrieron el pasado mes responden a la "externalización de fronteras" que pone en riesgo "la vida de las personas". Por esa razón, se ha pedido que ambos gobiernos investiguen y enjuicien tanto los casos de privación de la vida y las lesiones ocasionadas a las personas migrantes, como las prácticas de extradición, deportación o traslado forzoso de las personas detenidas. 

A su vez, pidieron a ambos gobiernos que tomasen las medidas necesarias de la mano con la Unión Europea y la Unión Africana para así garantizar una efectiva "rendición de cuentas, reparaciones para las víctimas, y evitar que estas muertes ilegales se repitan". 

El 25 de junio, un día después de que ocurriera la tragedia, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recordaron la necesidad de que "en toda circunstancia se dé prioridad a la seguridad de los migrantes y refugiados" en este tipo de sucesos.