El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas está estudiando admitir a trámite una demanda contra las nuevas autoridades libias y Francia, en la que se denuncia que la muerte del dictador libio, Muamar Gadafi, fue el asesinato de un prisionero de guerra, crimen que hasta ahora ha quedado impune.

En una carta fechada el 6 de enero, a la que Público ha tenido acceso en exclusiva, el orga-nismo de las Naciones Unidas confirma al prestigioso abogado penalista español Javier Saavedra que presentó la demanda en nombre de Aisha Gadafi, hija del autócrata que la petición está siendo analizada por el "Relator de nuevas comunicaciones para efectos de registro". En la misiva se soli-cita al letrado que remita con brevedad a la instancia "toda evidencia, documentación y/o información que respalde sus alegaciones".

El Consejo de Derechos Humanos no juzga, pero sí tiene gran autoridad

El organismo insta "en particular" al abogado a que demuestre que "las nuevas autoridades libias se han negado a investigar y castigar a los culpables de la muerte del padre de la autora (Aisha Gadafi), Sr. Mu'amar Al Gadafi".

La muerte de Gadafi fue el corolario de la terrible violencia desencadenada, no sólo durante la guerra civil que se inició con las revueltas contra el régimen, sino durante los 42 años que duró la peculiar dictadura instaurada por el excéntrico coronel.

El 20 de octubre, de la mano de la caída de Sirte, su ciudad natal, en manos rebeldes, Gadafi era capturado tras sobre-vivir a un ataque de aviones franceses y norteamericanos de la misión de la OTAN al convoy de vehículos en el que viajaba. Un grupo de rebeldes lo encontró luego escondido en un colector.

Esta es la primera gestión legal de Aisha Gadafi que no ha sido desestimada

De lo que pasó después dan fe los vídeos grabados con los móviles de los rebeldes. En los primeros, un Gadafi maltrecho pero vivo aparece mientras los rebeldes lo maltratan; en otro vídeo yace, ya cadáver, con un disparo en la sien. Esta secuencia incompleta apunta al relato de una ejecución.

El abogado Javier Saavedra asegura que estos hechos, posibles crímenes de guerra, pues podrían violar el artículo 3 de la Convención de Ginebra, "no han sido perseguidos" ni en Libia ni en el extranjero.

"Si el Comité falla a nuestro favor, la CPI debería actuar de oficio", dice el letrado

En julio, el viceministro de Asuntos Exteriores libio, Jaled Jaim, otorgó a este letrado "un poder" para que denunciara a la OTAN por las muertes de civiles libios. Tras este primer encargo, que no se concretó, a finales de noviembre, el abogado recibió de nuevo noticias de la familia Gadafi.

"A través de [el empresario libanés] Raymond Nakachian y de la ex secretaria personal de Sadam Husein, amiga personal de Aisha Gadafi, recibí su encargo de "defender los intereses de su padre y de su hermano [Moatassim, asesinado también en Sirte]", explica el letrado.

El abogado, famoso por representar, entre otros, a la duquesa de Alba, a Julián Muñoz y a Ana Obregón, conocía personalmente a la hija de Gadafi desde hacía años, cuando ambos formaron parte del equipo legal que defendió al dictador iraquí, Sadam Husein.

Desde su refugio en Argelia, adonde escapó con su madre y tres de sus hermanos en agosto, Aisha Gadafi ha iniciado en los últimos meses varias acciones legales para denunciar el modo en que murieron su padre y su hermano.

Hasta ahora, la iniciativa de Saavedra es la única que no ha sido desestimada, después de que el 23 de diciembre la Corte Penal Internacional (CPI) rechazara la petición de investigar lo sucedido en Sirte el 20 de octubre, presentada por otro de sus abogados, el israelí Nick Kaufman.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, explica el abogado Gonzalo Boyé, "no tiene jurisdicción"; es decir, no puede condenar, pero sus opiniones legales tienen "legitimidad". Según este exper-to en justicia internacional, un dictamen que estableciera que los derechos de Muamar Gadafi fueron violados "dota-ría a la causa de legitimidad moral de cara a futuras medi-das judiciales".

Javier Saavedra, que asegura actuar movido por "el amor a la Justicia y no por simpatía alguna hacia el régi-men de Gadafi", va aún más lejos y considera que, si el Comité falla a su favor, "el fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, debería actuar de oficio para tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte del exlíder libio".