Este miércoles Irán ha sido expulsada de la Comisión de la ONU sobre la Condición de la Mujer, el principal organismo sobre género de la organización, en respuesta a la represión de las protestas que está viviendo el país desde la muerte de Mahsa Amini. A propuesta de Estados Unidos, los miembros del Comité Económico y Social de Naciones Unidas aprobaron la medida con 29 votos a favor, ocho en contra y 16 abstenciones.

Irán, que este año había ingresado en la Comisión de la Mujer con un mandato de cuatro años, queda excluido de este foro, compuesto por 45 países. "La Comisión es el principal órgano de la ONU para promover la igualdad de género y empoderar a la mujer. No puede hacer su importante trabajo si es minada desde dentro. La membresía de Irán en este momento es una fea mancha en la credibilidad de la Comisión", dijo la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, al presentar la resolución.

La iniciativa del país americano ha recibido un amplio apoyo entre los países de la Unión Europea y otros de sus aliados, como Australia, Canadá o Israel. También votaron a favor países latinoamericanos, como Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá o Perú, mientras que México se abstuvo.

Por el contrario, otros países se mostraron muy críticos con la iniciativa, como fue el caso de Rusia, China, Nicaragua o Bielorrusia, que votaron en contra y acusaron a Washington de actuar por motivos políticos y de usar dobles raseros. Durante la reunión, Rusia solicitó al Consejo Económico y Social que pidiese una opinión jurídica sobre la legalidad de la medida, sin éxito.

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Jalil Iravani, calificó la decisión de expulsar a su país de la Comisión de la Mujer de "ilegal", y denunció que no hay ningún precedente de un paso similar. Además, Iravani insistió en que la decisión se basa en "denuncias sin fundamento y argumentos fabricados" y subrayó que es fruto exclusivamente de la "hostilidad" de EEUU hacia el Gobierno iraní.

Human Rights Watch (HRW) consideró en un comunicado que la expulsión de Irán es un paso adelante para que Teherán rinda cuentas "por su larga historia de discriminación y crueldad con las mujeres y niñas". Sin embargo, la ONG pidió a la comunidad internacional verdadera presión sobre el Gobierno iraní para que "ponga fin a su campaña de violencia" y se persiga a los responsables de violaciones de los derechos humanos.

El contexto político del país

Las revueltas en Irán tuvieron como detonante la muerte en septiembre de Mahsa Amini, evolucionando hasta la actualidad, en la que la población pide el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

Durante las movilizaciones al menos 2.000 personas han sido acusadas de diversos delitos y 11 de ellas condenadas a muerte. Hasta ahora, Irán ha ahorcado a dos presos de 23 años por su implicación en las protestas, el último de ellos esta semana en una ejecución pública en la ciudad de Mashad. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado los juicios como "farsas", además de calificarlos de "injustos" y de suponer una "venganza".

En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos hay 15.000 detenidos, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.