MADRID.- Ni Mariano Rajoy ni Jean-Claude Juncker han movido un dedo tras destaparse algunos de los secretos del TiSA. Las revelaciones sobre su carácter antidemocrático filtradas por Wikileaks y publicadas por este diario y las críticas sobre su oscurantismo no han logrado sacar una explicación al jefe del Ejecutivo español o al presidente de la Comisión Europea, máximo responsable del acuerdo que sus subordinados negocian como la única voz de los 28.

El Gobierno de Uruguay sí ha reaccionado, y su presidente se ha comprometido a dar marcha atrás y abandonar las negociaciones sobre el 'Trade in Services Agreement' (TiSA), que un total de cincuenta países negocian con el más absoluto secreto desde 2013.

El pasado lunes siete de septiembre la ministra de Turismo uruguaya, Liliam Kechichián, comparecía ante los medios para anunciar la decisión del presidente, Tabaré Vázquez. Durante el fin de semana, 117 de los 139 integrantes del Frente Amplio (FA) -la coalición que gobierna- rechazaron seguir participando en la polémica alianza, y la formación de Vázquez resolvió en pleno la retirada de Uruguay de las negociaciones. "Yo sometí el tema al debate de la fuerza política, no puedo desconocer su pronunciamiento", declaró entonces el presidente uruguayo, tal y como recoge 'El País.com', y a pesar de que en su propio gabinete hay varios partidarios del TISA, o de que la oposición se había ofrecido a respaldarle para impulsar el acuerdo.

Vázquez siguió la línea defendida por el Partido Comunista y por los socialistas, escuchando de paso las críticas y exigencias de Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) la central sindical única de Uruguay. La organización ya había convocado una huelga en julio de este año, y el TISA figuraba en la agenda de esta protesta, algo que de momento está lejos de ocurrir en Europa.

Entre los contrarios al TiSA se encontraba también el expresidente y senador José Mujica, que gobernaba cuando Uruguay apostó por entrar en el acuerdo

Entre los contrarios al TiSA se encontraba también el expresidente y senador José Mujica, que gobernaba cuando Uruguay apostó por entrar en el acuerdo, y que hoy se muestra muy crítico con este pacto, que incluye una cláusula por la que los documentos de las negociaciones deberán seguir siendo secretos hasta cinco años después de que concluyan las negociaciones.

Al otro lado del ring, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) emitía el martes un comunicado muy duro con la actuación del Gobierno. Le acusó de haber tomado su decisión en base a informaciones no veraces o incorrectas, y de haber sentenciado al país a perder un posibilidad de crecimiento, desarrollo y generación de empleo cualificado.

La prensa local recoge también las reacciones del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que está a favor del TiSA pero reconocía que “la disponibilidad de información fue muy mala” desde el principio. Y esto por no hablar del canciller -homólogo del ministro de Exteriores- Rodolfo Nin Novoa, que apenas hace una semana comparaba el escenario de abandono de estas conversaciones con la política exterior de Corea del Norte.

Más allá de los casos particulares, los argumentos de partidarios y detractores del TiSA en Uruguay parecen calcados a los que se escuchan en Europa en lo que respecta al TTIP: unos venden los supuestos beneficios económicos y obvian estudios que alertan de posibles impactos negativos, y otros advierten del secretismo, el peligro o incluso de la pérdida de soberanía que implica sellar uno de estos acuerdos.

Como ocurre en Uruguay con el TISA -aunque en mayor medida-, son las empresas de ambos lados del Atlántico quienes presionan para lograr la aprobación del TTIP(UE-EEUU), que cuenta con el beneplácito del Partido Popular Europeo o de los Socialistas y Demócratas -los últimos, con ciertos matices-.

El mecanismo de blindaje de las multinacionales o ISDS recurre a tribunales arbitrales privados y no a las justicias nacionales, lo que obliga también a contratar los costosos servicios de firmas de abogados especializados.

La principal tabacalera del mundo, Philip Morris, demandó a Uruguay por 25 millones de dólares por las medidas aprobadas por el Gobierno para combatir el tabaquismo

En 2010, y en virtud de este mecanismo, la principal tabacalera del mundo, Philip Morris, demandó a Uruguay por un monto de 25 millones de dólares por las medidas aprobadas por el Gobierno para combatir el tabaquismo. Y el caso sigue en los tribunales arbitrales, mientras al otro lado del Atlántico Bruselas mantiene en el limbo el ISDS que la Comisión quiere implantar en el TTIP.

La oposición al TiSA y muy especialmente al TTIP ha ido creciendo en los últimos dos años en Europa, y a la postura de varios movimientos sociales y partidos políticos se acercan cada vez más algunos gobiernos, como el de Alemania o el de Francia, muy críticos con estos acuerdos, y particularmente con el TTIP, algo más conocido.

Este jueves, quizás sin pretenderlo, el presidente de Uruguay daba un espaldarazo a los detractores del TTIP o el TiSA con sus últimas declaraciones, recogidas en la página oficial del Gobierno. "Hay dificultades en el tratamiento del acuerdo entre los países que están participando, lo que a mí personalmente me hace dudar que en algún momento se pueda concretar la existencia de algún TiSA”, zanjaba.