El Parlamento griego investigará al exministro de Finanzas por la 'lista Lagarde'

El Parlamento griego aprobó este viernes crear una comisión de investigación para dilucidar si hubo manipulación u ocultación de datos en relación con la "lista Lagarde" con los nombres de potenciales evasores fiscales, que solo contará con la declaración del exministro de Finanzas Yorgos Papaconstantinu.

El voto mayoritario de la coalición gubernamental evitó que tengan que comparecer también otros altos cargos, como el líder socialista y socio del Ejecutivo, Evangelos Venizelos, sucesor de Papaconstantinu al frente de Finanzas y heredero por tanto de la lista en cuestión.

Tampoco prosperaron las iniciativas de la oposición de llamar a declarar a los ex jefes de Gobierno Yorgos Papandréu y Lukás Papadimos.

En el debate previo a la votación, Papaconstantinu se presentó como el "chivo expiatorio" de aquellos que durante décadas impidieron que Grecia persiguiera realmente a sus evasores fiscales y con ello llevaron al país al colapso económico.

El exministro rechazó asimismo haber manipulado la lista y haber eliminado los nombres de tres parientes suyos, que constaban en la versión original y que desaparecieron del "pendrive".

Si bien este no es el único capítulo extraño de este nuevo drama griego, ha sido el único por el que hasta ahora se han depurado responsabilidades: el partido socialista Pasok expulsó de sus filas a Papaconstantinu nada más conocerse este asunto.

"La eliminación (de la lista) de los nombres de mis tres parientes no es más que un intento de incriminarme", dijo hoy el exministro, quien recalcó que se enteró de esta manipulación al "mismo tiempo que el resto de los ciudadanos, es decir el 28 de diciembre de 2012".

Sin embargo, el escándalo consta de otros puntos opacos.

Uno de ellos es el hecho de que nunca reapareciera el "compact disc" original entregado por la entonces ministra de Finanzas francesa Christine Lagarde a Papaconstantinu, o que su sucesor Venizelos olvidara durante más de un año la copia en "pendrive" en un cajón de su despacho.

Papaconstantinu aseguró hoy que había dado orden a sus colaboradores de hacer una copia del disco y de confeccionarle una lista abreviada de las personas con los depósitos más importantes.

"Me dieron los nombres de veinte personas, cuyos depósitos sumaban la mitad del monto total de los 2.000 millones de euros", declaró. La lista total comprendía algo más de dos millares de nombres.

También se defendió el antiguo responsable de Finanzas de las acusaciones de no haber querido impulsar una investigación oficial de esta lista, sustraída del banco en cuestión, el HSBC, por un empleado que desde julio pasado está detenido en Barcelona, a petición de las autoridades suizas.

En su comparecencia de hoy, Papaconstantinu explicó que pidió una investigación oficial del asunto porque en aquel momento habían empezado las negociaciones entre los Gobiernos griego y suizo para el intercambio de datos bancarios y la publicación de datos robados hubiera puesto en peligro esas conversaciones.

También el ex primer ministro Papadimos declinó toda responsabilidad en el escándalo, y en una carta dirigida al Parlamento aseguró no tenido conocimiento alguno de la lista.

El exgobernador del banco central y primer ministro desde noviembre de 2011 hasta mayo de 2012, aseguró que no fue informado de este asunto, ni por su ministro de Finanzas Venizelos ni por nadie más.

Venizelos, por su parte, centró su intervención en acusar al principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, de calumniarme con el propósito de hundir el Gobierno.

El líder de Syriza, Alexis Tsipras, aseguró que su partido nunca había pedido la dimisión del Gobierno por el este escándalo.

"Nunca hemos vinculado la creación de la comisión de investigación con una caída del Gobierno. El Gobierno no debería sentirse amenazado con la mayoría parlamentaria que dispone", dijo Tsipras, quien, por su parte, reprochó a Venizelos haber hecho lo imposible para evitar el voto secreto.

La votación de hoy estuvo precedida de un encendido debate sobre el procedimiento que debía aplicarse para garantizar la libertad de voto.