El Parlamento peruano inhabilita por 10 años al congresista acusado de violación
La cámara ha dado luz verde al informe que elaboró la Subcomisión de Acusaciones y que acusa a Freddy Díaz de haber hecho un "mal uso del poder" para "sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo".
El Congreso de Perú ha aprobado este jueves inhabilitar de la función pública por diez años al legislador Freddy Díaz, sobre quien pesa un pedido fiscal de prisión preventiva por presuntamente violar a una extrabajadora del Parlamento en su despacho.
Con 77 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, la cámara ha dado luz verde al informe que elaboró la Subcomisión de Acusaciones del Parlamento y que acusa a Díaz de haber hecho un "mal uso del poder" para "sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo".
La votación se ha realizado después de que el hemiciclo aprobara reconsiderar la decisión que tomó este martes, cuando los votos a favor del informe sumaron 60, quedándose a seis de alcanzar los 66 necesarios para su aprobación.
Durante el debate parlamentario, Díaz, quien ha emitido el único voto en contra de su inhabilitación, ha reiterado que nunca cometió el delito de violación y ha pedido una "votación justa" y "razonable" a los legisladores, alegando que él "desde el primer momento" se sometió a las investigaciones del Ministerio Público.
"Inhabilitar a una persona que aún no es culpable es un despropósito", ha afirmado el congresista, cuyo escaño será asumido ahora por su suplente, Nelcy Lidia Heidinger.
El caso de Díaz se conoció a finales de julio, cuando una trabajadora del Legislativo lo denunció por violación sexual en un acto que habría cometido en las oficinas parlamentarias. La agresión tuvo lugar después de que el parlamentario hubiera consumido bebidas alcohólicas en las instalaciones del Congreso.
El congresista, quien fue expulsado del partido Alianza para el Progreso, negó las acusaciones y siguió acudiendo con normalidad a las sesiones parlamentarias hasta septiembre, cuando el pleno aprobó su suspensión por 120 días.
En aquella ocasión, el propio Díaz, sobre quien pesa una orden judicial de impedimento de salida del país, votó a favor de su suspensión por considerar que cometió "un hecho lamentable" al ingerir alcohol en el Congreso.
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