La capital boliviana vive su cuarta jornada de enfrentamientos cerca de la sede del Gobierno en el marco de protestas contra la reelección del presidente, Evo Morales. Al menos ocho personas han resultado heridas este jueves en otra noche de enfrentamientos entre opositores y afines al Gobierno en la localidad de La Paz. 

Los manifestantes armaron barricadas y hogueras en el entorno de la céntrica plaza Murillo, que desde hace días permanece resguardada por un cordón policial que rodea sedes como las del Ejecutivo y el Parlamento bolivianos. Fuentes médicas han confirmado que se han registrado al menos ocho heridos, entre ellos manifestantes y agentes de Policía, según ha recogido el diario Página Siete.

La Policía respondió con gases lacrimógenos al lanzamientos de piedras, otros objetivos y petardos por grupos de jóvenes que se protegían con escudos caseros elaborados con materiales como calamina, con cascos y con máscaras para contrarrestar el gas. Los jóvenes cuentan esta vez con apoyo de productores de hoja de coca llegados de otras partes del país, según medios bolivianos. 

La jornada había transcurrido en Bolivia sin incidentes violentos de relevancia, después de que el miércoles muriera un joven y se registraran casi un centenar de heridos en graves enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente del país, Evo Morales.

Crisis electoral

Las protestas en Bolivia estallaron la misma noche de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre por la suspensión repentina de la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y Mesa. 

Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales, por lo que Mesa ha denunciado un "fraude gigantesco". Ambos llamaron a la movilización de los suyos, lo que ha derivado en disturbios. Al menos tres personas han muerto y más de 190 han sido detenidas en estas dos semanas. 

En este contexto, Morales ha accedido a que la OEA, apoyada por países como España, México o Perú, realice una auditoría electoral de carácter vinculante. Mesa, en cambio, no la acepta porque dice que es fruto de un acuerdo unilateral entre el Gobierno y el bloque hemisférico sin tener en cuenta a la oposición.