Pekín insiste en aplicar la pena de muerte para castigar la corrupción, un problema endémico en el gigante asiático. Las autoridades chinas ejecutaron ayer a un antiguo alto funcionario judicial de la ciudad de Chongqing, en el suroeste del país, por su implicación en la mayor red de corrupción destapada en China en el último año.

Wen Qiang, de 54 años, ex director de la Oficina Judicial Municipal, fue condenado el pasado abril por aceptar sobornos, proteger a redes mafiosas y otros cargos por corrupción relacionados con el crimen organizado. También fue acusado de violar a una estudiante universitaria mientras estaba borracho. Antes de ser nombrado máximo responsable judicial de Chongqing, en 2008, Wen dirigió el Departamento de Seguridad Pública durante diez años.

Se trata del funcionario público de más alto rango condenado por ahora en la masiva operación anticrimen iniciada el pasado septiembre por el secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh) en Chongqing, Bo Xilai. Famoso por su política de mano dura contra el crimen organizado, Bo se presenta como uno de los favoritos para entrar en el Politburó del PCCh, que renovará su cúpula en 2012.

Según la agencia estatal china, Xinhua, Wen fue condenado por haber aceptado sobornos por valor de más de 12 millones de yuanes (1,4 millones de euros), utilizando de tapadera a su esposa en diversas ocasiones. También fue declarado culpable de proteger a bandas criminales y a los principales mafiosos de la ciudad, entre ellos, a su cuñada, Xie Caiping, dueña de una red de casinos ilegales y bautizada por los medios chinos como La Madrina de Chongqing. Wen trató de apelar la sentencia, pero el tribunal dictaminó que las pruebas presentadas eran suficientes para justificar la pena de muerte.

La corrupción sigue siendo un mal endémico en el sistema político chino y el gigante asiático es uno de los países del mundo más afectados por prácticas financieras ilegales, según la organización Transparency International.

No es la primera vez que Pekín recurre a la condena a muerte como un castigo ejemplar contra la corrupción, calificada por el Gobierno del presidente Hu Jintao como una las mayores amenazas para la estabilidad social del país. En verano de 2009, China ejecutó al ex presidente de una compañía estatal que gestiona una treintena de aeropuertos (incluido el de Pekín), condenado por aceptar sobornos por más de 16 millones de euros.

China es el país del mundo que ejecuta el mayor número de condenados al año, según Amnistía Internacional. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que el número de ejecutados ha disminuido en los últimos años, aunque se desconoce la cifra exacta. Pekín sólo permite que los medios de comunicación locales cubran este tipo de noticias en algunos casos, como el citado anteriormente, pero la información sobre el número de ejecuciones está clasificada como secreto de Estado.