Las ejecuciones a nivel mundial alcanzan su cifra más alta desde 2015

El número de ejecuciones registradas en el mundo en 2024 fue de 1.518, una cifra récord desde 2015, con Irán, Arabia Saudí e Irak como países en cabeza, según ha informado este martes Amnistía Internacional (AI). La ONG ha alertado, no obstante, de que faltan datos de grandes perpetradores como China, Corea del Norte o Vietnam.

La organización por los derechos humanos ha señalado en su informe, Condenas a muerte y ejecuciones 2024, que la cifra del año pasado solo es ligeramente inferior a la de 2015, cuando hubo al menos 1.634 ejecuciones.

Además, corresponde a solo 15 países, la cantidad más baja por segundo año consecutivo, dado que cada vez hay más Gobiernos que eliminan esta forma de castigo. Según la ONG, actualmente hay 113 Estados que han abolido la pena de muerte totalmente y 145 que la han eliminado (bien por ley, o bien en la práctica).

De las 1.518 ejecuciones, un 91% (1.380 de los casos) se llevaron a cabo en Irán, Irak y Arabia Saudí, la mayoría por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el terrorismo. Amnistía ha señalado que algunos dirigentes utilizan la pena de muerte "con el falso pretexto de mejorar la seguridad pública o para infundir miedo entre la población".

Irán ejecutó al menos a 972 personas –119 más que en 2023, lo que representa un 64% del total conocido–, mientras que Arabia Saudí duplicó su cómputo anual –de 172 a unos 345 ciudadanos–. Irak casi cuadriplicó sus ejecuciones –de al menos 16 en 2023, a un mínimo de 63 en 2024–.

Trump apuesta por las ejecuciones

En Estados Unidos se ejecutó a 25 personas en 2024 –frente a 24 el año anterior–, con una tendencia al alza desde el fin de la pandemia de la covid, según el informe.

Amnistía ha denunciado que el presidente, Donald Trump, estuvo entre los dirigentes que esgrimieron la pena de muerte como arma política, "al invocarla como vía para proteger a la gente 'de violadores, asesinos y monstruos', promoviendo la falsa narrativa de que ese castigo tiene un efecto disuasorio especial sobre la delincuencia".

La Administración del anterior presidente, Joe Biden,  mantuvo la moratoria temporal de las ejecuciones contra aquellas personas condenadas, en virtud de las leyes de pena de muerte federales de carácter ordinario que había aprobado en julio de 2021. Sin embargo, durante el anterior mandato de Trump, sí se reanudaron las ejecuciones: entre julio de 2020 y enero de 2021 se hicieron efectivas 13 condenas a muerte tras un paréntesis de 17 años.

Método de silenciamiento

La secretaria general de AI, Agnès Callamard, ha señalado que "quienes se atreven a desafiar a las autoridades se enfrentaron a los castigos más crueles especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se utiliza para silenciar a los que tienen la valentía de alzar la voz".

Entre estas víctimas, se incluyen "defensores y defensoras de los Derechos Humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas".

Callamard ha denunciado, además, que "más del 40% de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo ilegalmente, dado que fueron por delitos relacionados con drogas". La secretaria general ha defendido que, "según el derecho internacional, el uso de la pena de muerte debe restringirse a los delitos más graves, y las condenas por delitos de drogas no cumplen este requisito".

Callamard también ha subrayado que, "en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas".

Según el informe, las ejecuciones por este tipo de crímenes "abundaron en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam".

De hecho, el informe apunta a que China sigue siendo el país del mundo con mayor tasa de ejecuciones, pues se estima que a lo largo de 2024 se han registrado miles en el gigante asiático. Sin embargo, esta práctica constituye un "secreto de Estado" y el Gobierno no ofrece datos al respecto.

Por su parte, las autoridades saudíes han seguido utilizando la pena de muerte como arma para acallar la disidencia política y castigar a la ciudadanía de la minoría chií, que reside en el país y que apoyó las protestas "antigubernamentales" que tuvieron lugar entre 2011 y 2013.

La pena de muerte en el mundo

Callamard, ha insistido en que la ejecución supone un "crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual", y ha recordado que a pesar del "secretismo que rodea el escrutinio en algunos países, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada".

En Europa, Bielorrusia es el único país que hace uso de la pena capital, mientras que Rusia y Tayikistán han mantenido sus moratorias.

Asimismo, otros países como República Democrática del Congo (RDC) han anunciado su intención de reanudar las ejecuciones, medida a la que también se han sumado las autoridades de Burkina Faso, que han abogado por restablecer esta práctica para penar delitos comunes.

En 2024, entró en vigor en Zimbabue una ley que abole la pena de muerte para delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembro de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte.

Asimismo, países como Bangladesh, Bielorrusia, Corea del Sur, Estados Unidos, Etiopía, India, Indonesia, Irak (incluida la región del Kurdistán), Japón, Kenia, Kuwait, Malasia, Maldivas, Nigeria, Pakistán, Taiwán, Trinidad y Tobago y Vietnam han registrado conmutaciones o indultos. En otros casos, como Estados Unidos, Japón y Malasia han exonerado a algunos condenados.

Los métodos utilizados van desde la decapitación (en Arabia Saudí) hasta la asfixia con gas nitrógeno (Estados Unidos), pasando por el ahorcamiento (Egipto, Irak, Irán, Kuwait, Singapur y Siria), la inyección letal (China, Estados Unidos, Vietnam) y las armas de fuego (Afganistán, China, Corea del Norte, Omán, Somalia y Yemen).