RÍO DE JANEIRO.- Este jueves la Policía Federal brasileña detuvo a diez sospechosos de terrorismo que supuestamente estarían planeando un atentado en Rio de Janeiro durante los Juegos Olímpicos que se inaugurarán el próximo 5 de agosto. Los acusados fueron detenidos bajo la acusación de “actos preparatorios” y estarán recluidos durante un máximo de 60 días, basándose en la Ley de Antiterrorismo que se aprobó en Brasil el pasado mes de marzo, precisamente para justificar la seguridad de las Olimpíadas.

El ministro de Justicia, Alexandre Moraes, dijo que se trataría de una “célula amateur” donde sus miembros intercambiaban mensajes por WathsApp y Telegram pero nunca habrían llegado a conocerse personalmente. Poco se ha revelado sobre el contenido de los mensajes salvo que celebraban los atentados ocurridos en Orlando y en Niza y que el supuesto líder del grupo, que viviría en Curitiba (al sur de Brasil) habría orientado a los otros a entrenarse en artes marciales y en tiro para “estar preparados”. El mismo líder habría intentado comprar a través de internet un arma AK-47 lo que avalaría la teoria del ministro de ser un grupo de principiantes: “Si fuera una célula organizada no pensarían en comprar armas a través de la red”.

Dos habrían sido condenados por homicidio y seis habrían jurado lealtad al Estado Islámico

Aunque en los mensajes no se habla de ningún modus operandi específico para atentar, Moraes aseguró que “en ningún momento hablaron de bombas y sí de la AK-47, por eso pensamos que de llegar a atentar harían algo más parecido a lo que sucedió en Orlando”, señaló el ministro de Justicia en rueda de prensa desde Brasilia.

La única información que han dado sobre los detenidos es que todos serían de origen brasileño y mayores de edad y que cada uno de ellos vivía en un estado diferente del país, lo que refuerza la idea de que no se conocerían personalmente. Dos de ellos ya habrían sido condenados a seis años de cárcel por homicidio, una información que no sabrían los restantes del grupo. Entre los sospechosos, al menos seis habrían jurado lealatad al Estado Islámico a través de un juramento por internet, aunque no habrían entrado en contacto directo con miembros de la organización: “En un mensaje el líder dice que quiere viajar al extranjero para contactar con gente del ISIS pero pocos días después reconoce que no tiene dinero para hacerlo”, contó el ministro.

La Agencia de Inteligencia Brasileña (ABIN) y la Policía Federal venían monitorando hace un tiempo a este grupo pero sólo decidieron solicitar su detención cuando en los mensajes se habló por primera vez de “pensar atentar en Rio de Janeiro” durante las Olimpíadas para “aprovechar la llegada de personas de todo el mundo”. Hay otros dos pedidos de prisión pero los sospechosos todavía no han sido detenidos: “No están foragidos, los tenemos controlados y su detención será inminente”, dijo Moraes. La operación que se llevó a cabo duarante la mañana del jueves fue planeada con la ayuda de los servicios de inteligencia de otros países.

A dos semanas de las Olimpídas el Gobierno brasileño monitora al menos 100 personas sospechosas de ser simpatizantes del Estado Islámico. El 90% de los rastreados entraron en la lista por haber accedido más de dos veces a portales o a propagandas que hacen exaltación de grupos extremistas. El otro 10% es seguido de cerca por los Servicios de Inteligencia brasileños tras haber escrito mensajes más elaborados que elogiaban las iniciativas extremistas o que compartían contenidos relacionados con terrorismo.

El último atentando de Francia del pasado 14 de junio aumentó el estado de alarma en el país que va a sediar los Juegos Olímpicos. Al siguiente de lo sucedido en Niza la Justicia brasileña aceptó la deportación inmediata del profesor de Física de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), el argelino Adlène Hicheur, solicitada desde hacía meses por el Gobierno francés, acusado por Francia de estar relacionado con Al-Qaeda. Profesores de la UFRJ denunciaron tal acción “por falta de pruebas” y los abogados de Hicheur dijeron que el acusado “no tuvo oportunidad de defenderse” y aseguraron que la deportación tenía que ver con “la proximidad con las Olimpíadas”.

El gobierno brasileño sigue al menos a 100 personas, 10 de ellas por haber escrito mensajes que elogiaban el extremismo

Pero donde los brasileños han sentido un mayor control policial relacionado con el terrorismo ha sido en los aeropuertos domésticos de Rio de Janeiro y de São Paulo, las ciudades con más movimientos aéreo. Esta semana las colas para pasar por controles más rígidos de seguridad han llegado a superar las ocho horas de espera.

Esta misma semana la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) publicó unos carteles con la foto de un hombre con chaqueta de cuero y capucha que decía: “Suelen llevar mochila y se muestran nerviosos” para ofrecer un perfil aproximado de cómo sería un posible terrorista. A pesar de la precoupación que hay entre los brasileños, el material repartido por ABIN sólo provocó la mofa de las redes sociales que lo calificaron entre otras cosas de “ridículo”.

El ministro de Justicia, Alexandre Moraes, a pesar de advertir sobre las amenazas terroristas, insitió que la mayor preocupación del Gobierno brasileño es la crisis de seguridad pública que vive la ciudad de Rio de Janeiro. Según datos del Instituto de Seguridad Pública de Rio de Janeiro (ISP) entre los meses de enero y abril el número de homicidios aumentó un 15% y el de robos un 23%, respecto a 2015. La represión policial ha aumentado todavía más. Tan sólo en el mes de mayo la policía mató a una persona cada 9 horas, un 90% más que en las mismas fechas del año anterior.

La violencia en las favelas también ha crecido. Un aplicativo creado por Amnistía Internacional para señalar las áreas de fuego cruzado dentro de las comunidades, registró en la segunda semana del mes de junio al menos 300 tiroteos en diversos morros de la ciudad. Hasta el alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, reconocía en una entrevista para CNN que la seguridad del estado era “horrible”, como si el ayuntamiento que regenta no tuviera ninguna responsabilidad, y añadía: “Lo que me deja tranquilo es que tendremos a la Fuerza Nacional del Gobierno Federal, si dependiéramos del estado sería terrible”.

Las palabras de Paes cayeron especialmente mal después de dos meses en los que se acumularon los escándalos. Primero el asalto a una atleta paralímpica australiana en una de las zonas más turíticas de la ciudad. Pocos días después sucedía lo mismo con tres miembros del equipo español de vela. A finales de junio robaron un camión que transportaba los equipos de trabajo de una televisión alemana, que poco después se recuperaron. En el mismo mes asesinaron a una médica en su coche al volver del trabajo, y a una atleta brasileña le pegaron un tiro, que por suerte sólo le rozó el cráneo, cuando evitaba que le robaran el móvil.

21.000 hombres de las fuerzas armadas para proteger a los turistas y atletas que acudirán a los JJOO, tras el aumento de ataques y homicidios

La frase del alcalde también llegó la misma semana en que sectores de la Policia Civil (encargada de investigar los crímenes) se manifestaban en el aeropuerto internacional con pancartas que decían “bienvenido al Infierno” para denunciar la oleada de violencia y los atrasos en los pagos de sus salarios. El secretario de Seguridad del estado de Rio de Janeiro, José Beltrame, también se unió al carro de las críticas y advirtió que “no pediría a sus agentes que arriesgaran su vida cuando apenas recibían sus salarios”.

La crisis de seguridad fue precisamente el motivo por el que el pasado 17 de junio el gobernador en funciones, Francisco Dornellas, decretó el “estado de calamidad”, que provocó que el también en funciones presidente de la República, Michel Temer, le repasara casi un billón de euros al estado para gastarlo “exclusivamente en la seguridad de los JJOO”.

Dornellas todavía no ha especificado cómo gastará esa cuantía. Por un lado están los atrasos de los salarios de las fuerzas de seguridad, pero también están la falta de recursos tan básicos como gasolina para patrullar con los coches. Los helicópteros hace tiempo que no sobrevuelan la ciudad por falta de manutención, y precisamente la falta de ellos propició que hace unas semanas el traficante conocido como Fat Family consiguiera escapar con éxito de una operación policial en la favela de la Maré.

El ministro de Defensa, Raul Jungmann, dijo que serían 21.000 hombres de las fuerzas armadas los que se encargarían de la protección del más de medio millón de turistas y de los 17.000 atletas que participarán en el evento. La mayoría ya han llegado a la ciudad y se distribuyen entre las áreas turísticas de la zona sur y en los alerededores de las arenas olímpicas.