SAO PAULO.- La Policía federal brasileña ha detenido este viernes al expresidente Luiz Inazio Lula da Silva, que ha sido puesto en libertad tras declarar durante más de tres en comisaría acusado de estar implicado, presuntamente, en la trama de corrupción en Petrobras.

Lula, que había sido llevado a la comisaría de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas de Sao Paulo a las 8.00 hora local (11.00 GMT), salió de la comisaría hacia las 11.30 (14.30 GMT) en un coche particular y se dirigió luego a la sede de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores (PT), en el centro de la mayor ciudad brasileña. La presidenta Dilma Rousseff ha convocado a sus ministros del área política para analizar la situación de su antecesor.

El Gobierno aún no ha reaccionado en forma oficial frente a la operación, pero el presidente del PT, Rui Falcao, convocó a la militancia del partido a "movilizarse" ante lo que calificó de "momento grave, en que se monta una operación política, un espectáculo mediático en torno a Lula y su familia".

Decenas de personas afines y adversarias del expresidente se han concentrado frente a su residencia y a la comisaría en que presta declaración para manifestarse y llegaron a liarse a puñetazos frente a la propia policía, los periodistas y muchos curiosos.

Esta nueva fase llega después de que este jueves se conociera que el senador Delcidio Amaral habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía para implicar a Rousseff y Lula en la trama corrupta. Posteriormente, su equipo legal desmintió dicho pacto, adelantado por la revista IstoÉ.

Antes de que esto ocurriera, Rousseff volvió a defender su inocencia. "Seguiremos defendiendo que la presunción de inocencia vale para todos y no puede ser sustituida por la presunción de culpa, que da lugar a la execración pública de cualquier persona", declaró durante la ceremonia de investidura de los nuevos ministros.

La presidenta y Lula están desde hace tiempo en el centro de la diana de la derecha brasileña. El exmandatario se ha convertido en el dirigente político más importante y más popular de la historia de Brasil y se ha proyectado internacionalmente como un líder en la lucha contra la pobreza. No es extraño que desde algunos sectores se le ataque continuamente, tanto a él como a Dilma.

Diferentes voces críticas denuncian que detrás de las investigaciones policiales se esconde una campaña, tanto política como mediática, para apartar a Lula de la disputa en las urnas. En 2018 se volverán a celebrar elecciones presidenciales y el exmandatario estaba pensando en presentarse de nuevo.

Este mismo viernes, el ministerio de Trabajo, Miguel Rossetto, ha criticado que la detención de Lula es "un claro ataque" contra todo lo que representa el expresidente. Por su parte, el instituto que dirige Lula ha denunciado la vasta operación policial en su contra como una "agresión al Estado de Derecho", que calificó de "arbitraria, ilegal e injustificable".

En un comunicado, el Instituto Lula afirma que "nada justifica la conducción coercitiva de un expresidente que colabora con la Justicia, espontáneamente o siempre que ha sido citado".

Anterior a la detención de hoy, los agentes habían registrado la residencia de Lula en Sao Paulo, además de la casa de uno de sus hijos, Fabio Luiz y la sede del Instituto Lula, entre otras propiedades que se atribuyen a la familia. En la operación participan unos 200 policías así como 30 auditores de Hacienda.

Las autoridades judiciales, que investigan a Lula por sospechas de "ocultación de patrimonio" y "lavado de dinero", han manifestado que este mismo viernes ofrecerán detalles sobre la operación en torno al expresidente y su familia en una rueda de prensa.

De acuerdo con la agencia Reuters, la Policía Federal ha indicado que hay pruebas de que Lula se benefició de la trama de sobornos en Petrobras mediante reformas en residencias vacacionales. Igualmente ha indicado que hay pruebas de delitos en la financiación de las campañas y los gastos del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y la actual presidenta, Dilma Rousseff.

La operación policial, que lleva por nombre Lava Jato, ha entrado en una nueva fase tras salpicar a las principales empresas y a destacados políticos del país. La investigación se centra ahora en la compra y renovación de un local en Atibaia que supuestamente habría sido usado por el Partido de los Trabajadores.