El veterano activista de derechos humanos Marcelo Freixo fue el diputado más votado del Estado de Río de Janeiro, con 177.000 votos, en las elecciones legislativas de octubre pasado en Brasil. Al grito de 'Milicia es mafia', Freixo emprendió una campaña contra las milicias o grupos paramilitares. En 2008, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instigada por Freixo demostró que, mediante la extorsión, la tortura y el asesinato, las milicias controlan buena parte de las favelas cariocas. Ahora que las autoridades enarbolan el discurso de la guerra final contra el crimen organizado, Freixo recuerda que las milicias siguen ahí, cada vez más fuertes.

¿Río está inmerso en una batalla definitiva de la guerra contra el narcotráfico?

'Los grupos paramilitares siguen ahí, cada vez más fuertes'

El problema de Río no es el tráfico de drogas. El narcotráfico es un lugar de barbarie: es violento, es peligroso, está bien armado y está inmerso en una guerra cada vez más inconsecuente, pero el más violento de ellos no representa al crimen organizado. Ciertos intereses fomentan la entrada de armas y drogas en las favelas. Todo el mundo sabe que todas las bocas de fumo (los puntos de venta de drogas en las favelas) funcionan mediante el pago de sobornos a la Policía. Todas. El crimen organizado son las milicias: son ellas las que tienen estructuras de poder.

¿Cuál es el alcance de esas conexiones de las milicias con el poder político?

Ha habido políticos directamente implicados, pero otros muchos se han visto beneficiados por el sistema de las milicias. Llevaban votos y dinero a través de la coerción. Es un problema muy amplio: las milicias forman parte de un sistema muy poderoso de criminalización de la pobreza y de empobrecimiento de la vida institucional, consecuencia de una relación entre Policía barata y violenta.

'Los desalojos se centran en zonas que interesan a la especulación'

¿Y cuál es la relación entre la corrupción policial y los bajos salarios?

Es una red. Hay que entender el papel de la Policía desde la política, desde la relación que el Estado mantiene con las periferias. Es un proyecto político que va mucho más allá de la Policía, que juega ese papel de control. Río es una ciudad profundamente desigual, que vive una lógica de apartheid. Un tercio de la población carioca vive en favelas, en una situación de absoluta exclusión, sin acceso al transporte, a la educación o la sanidad. Para la población pobre rige en el día a día una legalidad que está muy lejos de las leyes que están sobre el papel. Y la milicia es también resultado de ello.

Defensores de los derechos humanos han denunciado la violencia policial, las llamadas balas perdidas.

'La Policía recibe sobornos por tolerar los puntos de venta de droga'

No me gusta esa expresión. Una bala nunca se pierde. Se trata de homicidios, de ejecuciones sumarias. Y esas muertes siguen quedando impunes. Las auditorías de la Policía son lamentables, para empezar, porque se castiga sólo al soldado o al sargento, nunca al oficial. Hace diez años que un oficial no es castigado en Río.

¿Cambió la situación tras la comisión parlamentaria que usted impulsó?

Cambió mucho las cosas. Poco después de que saliera adelante, 275 milicianos fueron presos, cuando apenas 24 habían sido castigados hasta entonces. También ha cambiado el discurso que consideraba las milicias como un mal menor frente a la violencia del narcotráfico. La CPI demostró que, en la mayoría de los casos, no existía tráfico de drogas antes de la llegada de los milicianos. Sin embargo, las milicias han seguido creciendo en número. Para acabar con ellas habría que atacar su estructura económica, no sólo encarcelar a sus líderes.

Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), la Policía comunitaria, tratan de sumar la prevención y políticas sociales a la represión. Dicen que han 'pacificado' una docena de favelas desde que fueron creados. ¿Qué opina de las UPP?

Las UPP deben verse no como un proyecto de seguridad pública, sino como un proyecto de ciudad, de viabilidad de un área escogida que abarca el corredor de la zona sur, la red hotelera, la zona portuaria, el entorno del estadio de Maracaná y el área de la Cidade de Deus; es decir, el suelo que concentrará las inversiones para los Juegos Olímpicos de 2016. Las UPP sólo pueden entenderse junto a los muros a las favelas y los desalojos de aquellos barrios en territorios que interesan a la especulación inmobiliaria.

Para algunos habitantes de las favelas, las UPP son una forma maquillada de desalojo, pues la pacificación' aumenta los precios de la vivienda.

Es una forma sutil de desalojo. Pongamos un ejemplo: la favela pacificada de Chapelle-Mangueira, en Cantagalo, junto a la playa de Copacabana. Es una de las áreas más valoradas de Río, tiene una de las vistas más hermosas. De aquí a diez años, ¿quién vivirá allí? Dudo mucho que sean los mismos que la habitan hoy.

¿Existe un cierto temor a que esto se acelere por las inversiones olímpicas?

El debate al que tenemos que enfrentarnos es qué ciudad olímpica queremos. Si los Juegos podrán ser una oportunidad para la inserción urbana de ese tercio de la población que vive en favelas. Río tiene que volver a discutir el papel de las favelas dentro de un nuevo concepto de ciudad. Y los Juegos Olímpicos podrían ser la oportunidad para promover proyectos que garanticen la inclusión en lugar de removerlos, esconderlos, volverlos más invisibles de lo que ya son.

¿Han mejorado los índices de violencia con las UPP?

Allí donde han llegado, las UPP no han acabado con el narcotráfico, pero lo han desarmado, lo que ya es un gran avance. Sin embargo, la Policía de Río sigue siendo la que más mata y más muere en el mundo. En algunas zonas, como la Baixada Fluminense, sigue habiendo altísimos índices de violencia, de unos tres muertos al día. Son los datos oficiales. Ninguna Policía mata tanto en un país que no esté en guerra.