El periodista Pablo González, acusado de espionaje por las autoridades polacas, cumplirá dos años de prisión, en febrero de 2024, después de la decisión adoptada este miércoles por el Tribunal de Apelación de Lublin. La Justicia polaca ha prorrogado otros tres meses el encarcelamiento preventivo después de que la Fiscalía de ese país solicitara, por séptima vez, que se mantuviera entre rejas al reportero.

“El Tribunal de Apelación de Lublin, tras considerar la solicitud del fiscal de la Fiscalía Nacional, prorrogó la prisión preventiva hasta el 18 de febrero de 2024”, han asegurado a Público fuentes judiciales. De esta manera, el periodista con nacionalidad hispano-rusa cumplirá dos años en la cárcel en situación de prisión preventiva.

Pablo González fue detenido el 28 de febrero de 2022 en la ciudad polaca de Przemyśl por oficiales de la inteligencia de ese país. En plena noche, agentes de la Agencia de Seguridad Interna polaca (ABW, por si siglas en polaco) se presentaron en el hotel en el que dormía el reportero y lo arrestaron. Desde aquel día, González se encuentra bajo arresto y en una situación de casi total incomunicación. La Justicia polaca, en todo este tiempo, solo ha explicado que lo acusa de ser un espía que trabajaba para Rusia. 

Problemas psicológicos de los hijos

Con la última decisión del Tribunal de Apelación de Lublin, el periodista cumplirá dos años sin que hayan trascendido las pruebas que la Justicia polaca tiene en su contra. Desde su encarcelamiento, González solo ha podido ver al mayor de sus tres hijos, en una visita breve que este le hizo en la prisión de Random. Los otros dos pequeños no han podido siquiera escuchar la voz de su padre.

De hecho, este es uno de los puntos que más daño está provocando a la familia. La madre de los menores, en una carta entregada al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, el pasado 25 de octubre, le advertía sobre las consecuencias que la incomunicación del periodista estaba provocando en los niños: “No ha hecho nada para que Pablo González pueda hablar telefónicamente con sus hijos. Sus hijos menores no han oído la voz de su padre desde hace, hoy, 605 días. El más pequeño tiene por ello problemas psicológicos”.

Desde febrero de 2022, no ha trascendido prueba alguna en contra de González, mientras las autoridades españolas y polacas explican con tranquilidad que es normal la permanencia de un periodista europeo en prisión provisional dentro en un Estado miembro de la UE, sin que se hayan hecho públicas pruebas o indicios que expliquen las acusaciones.

La acusación está clara. Polonia cree que Pablo González es un espía ruso que trabajaba para el GRU, el Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, es decir, la Inteligencia rusa. Por ello, la Justicia polaca le imputa un delito de espionaje, que en el código penal de ese país aparece recogido en el artículo 130.1 y está castigado con hasta 10 años de prisión.

Sin embargo, a diferencia de lo que ha sucedido en otros casos similares en Polonia, desde la detención de Pablo González ninguna autoridad del país ha explicado, ni siquiera de forma genérica, qué indicios o pruebas les llevaron a pensar que el periodista podía ser un espía. 

El único que deslizó alguna sospecha contra el periodista fue Stanisław Żaryn, portavoz del ministro coordinador del servicio secreto polaco, quien dijo que a González se le encontraron en el momento de su detención “dos pasaportes y dos tarjetas de pago de bancos rusos para dos identidades diferentes”. A esto añadió, de forma genérica, que el reportero había realizado “actividades de espionaje en Varsovia, Przemyśl, Medyka y otras ciudades de la República de Polonia, así como en Ucrania y otros países”.

En cuanto a las supuestas actividades de espionaje, no se ha sabido nada más desde entonces. Ni un solo detalle. Sobre los dos identidades de los pasaportes y tarjetas, ya se ha explicado por parte de su defensa y su familia que se debe a que Pablo González ha mantenido la nacionalidad rusa junto a la española que adquirió a los nueve años, cuando se trasladó a vivir a Catalunya.

En febrero de 2024, Pablo González cumplirá dos años entre rejas y, con ello, alcanzará el tiempo máximo de prisión provisional que reconocen la casi totalidad de Estados de la Unión Europea para la inmensa mayoría de los casos que no han sido todavía sentenciados.