El prelado detenido por blanqueo de dinero se involucró en actividades "ilegales", según la investigación

Monseñor Nunzio Scarano, detenido el pasado 28 de junio por blanqueo de dinero, estuvo implicado en actividades "personales y completamente ilegales al servicio de terceros", según un documento judicial sobre la investigación al religioso, acusado de formar parte de una trama de contrabando para introducir en Italia 20 millones de euros procedentes de Suiza.

El documento no tiene fecha pero en él los magistrados solicitan la detención del religioso, quien pasó a disposición policial el pasado 28 de junio, junto un miembro de los servicios secretos italianos y un broker financiero en el marco de la investigación abierta sobre presunto blanqueo de dinero a través del Instituto de Obras Religiosas (IOR), más conocido como Banco Vaticano.

El abogado de Scarano, Silverio Sica, negó contundentemente las acusaciones del documento. "No tienen pruebas para sustentar nada de esto, solo sospechas", aseguró.

El documento de los magistrados, no obstante, acusa a Scarano de ofrecer a sus amigos "una serie de servicios, en el ámbito de las transacciones financieras, en particular cuando mediaba una petición de secretismo".

El prelado desempeñó así "una serie de actividades ilegales al usar sin ningún tipo de escrúpulos su red de contactos en otros ámbitos: empresarios y religiosos que miraban hacia otro lado, agentes del servicio secreto y personal del Banco Vaticano".

El documento, por ejemplo, acusa también a Scarano de recibir 20.000 euros mensuales de Cesare D'Amico, miembro de una rica familia dedicada al transporte marítimo. Los pagos procedían de cuentas en el extranjero y, en lugar de ir destinados a "obras de caridad", como apuntaba Scarano, en realidad "iban a su bolsillo con fines totalmente personales", según la investigación. El abogado de D'Amico ha negado estas acusaciones.

La detención del prelado se produjo en el marco de las investigaciones que realizan las autoridades judiciales vaticanas tras el informe de transacciones sospechosas presentado por la Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano, creada en 2010 por decisión del papa Benedicto XVI para vigilar la transparencia financiera de la Santa Sede.

El director general del IOR Paolo Cipriani, y el vicedirector, Massimo Tulli, presentaron su dimisión a finales de junio, tras la detención de Scarano, que ha sido cesado de todos sus cargos y ha presenciado la congelación de sus cuentas bancarias. 

La publicación de las informaciones contenidas en el informe coincide con el viaje del Papa Francisco a Río de Janeiro (Brasil) donde se celebrará del 23 al 28 de julio la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), a la que el Vaticano calcula que asistirán unos dos millones de jóvenes de todo el mundo y que, según la prensa local, costará unos 120 millones de euros, de los cuales un 70% procederá de las contribuciones de los peregrinos.