El presidente de México, ante el Tribunal de la Haya

La madrugada del 2 demayo, el Ejército mexicano allanó la casa de Trinidad Guzmán en Nocupétaro, Michoacán. Le robaron y golpearon. Ataron a tres de sus hijos y se llevaron al mayor, Eduardo, de 25 años. Fue uno de los diez vecinos del pueblo detenidos por los militares, sin orden judicial, acusados de narcotráfico. Finalmente, no encontraron ninguna prueba que los imputase, pero algunos fueron torturados e incluso recibieron impactos de bala.

Es uno de los 470 casos que se presenta hoy ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya para sustentar una demanda contra el presidente, Felipe Calderón, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La querella, interpuesta por un grupo de notables mexicanos y respaldada por 23.000 firmas, apunta a la delincuencia organizada (y sus cómplices en el plano político y empresarial) y a Felipe Calderón y su Gabinete (que, a través de las Fuerzas de Seguridad, ha supuestamente incurrido en actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos contra civiles, secuestro de migrantes o violaciones sexuales contra mujeres y niñas).

Calderón es acusado de supuestas tortura, asesinatos, raptos y violaciones de niñas

También documentan los crímenes que cometen los cárteles y piden que se investigue al capo más poderoso del país, Joaquín el Chapo Guzmán, al que le atribuyen nexos directos con el Gobierno. "Aunque podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. La brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana", explica el abogado que lleva la demanda, Netzaí Sandoval.

Pero ¿por qué llevarlo hasta La Haya? Sandoval añade que en México es casi imposible juzgar estos crímenes. Por un lado, está la politización de la Fiscalía, que depende del poder Ejecutivo. Por otro, su ineficacia, que deja impunes el 98% de los delitos.

La principal labor de la CPI sería determinar si hay ataques sistemáticos a la sociedad civil. En este sentido, el jurista John Ackerman firmante de la petición señala que, de entrada, "no es necesario que el fiscal encabece una acción penal sino que determine si existen o no crímenes de lesa humanidad y, por tanto, si hay una violación de la Convención de Ginebra".

"La violencia se ha institucionalizado", asegura el abogado que lleva el caso

Con una resolución afirmativa, el tribunal debería determinar si los delitos pueden ser llevados a la Justicia mexicana y, en caso negativo, tendría que ejercer su potestad para investigar. Aunque la CPI expresó su interés en el caso, Ackerman teme que el fiscal se pueda rendirse ante las presiones internacionales de Calderón para desestimar el expediente.

Mientras, las masacres continúan. Guadalajara amaneció ayer con 23 cadáveres abandonados en tres vehículos y el miércoles fueron hallados en Culiacán 24 cuerpos sin vida, 16 de ellos en dos furgonetas calcinadas.