BRASILIA.- El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó este miércoles la apertura de un impeachment, un juicio político con fines de destitución a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por irregularidades fiscales ocurridas en 2015.

Cunha anunció su decisión en una rueda de prensa en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación presentada por la oposión, y en la que dijo lamentar haber autorizado un proceso al que, en su opinión, el país necesitaba enfrentarse. 

De las numerosas solicitudes que Cunha ha recibido en los últimos meses para enjuiciar políticamente a Rousseff, finalmente se ha basado en la de los juristas Miguel Realle Júnior y Hélio Bicudo por irregularidades contables, dejando al margen la corrupción en Petrobras. Los partidos de oposición que buscan desbancar Rousseff  presentaron su solicitud en septiembre. Acusan a la ahora impopular presidenta de violar las leyes fiscales de Brasil y de manipular  de las finanzas públicas para favorecer su reelección el año pasado.

Cunha, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), ha dado este paso poco después de que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) acordara votar a favor de que el Consejo de Ética le siga investigando por sus cuentas secretas en Suiza, algo que a la larga podría apartarle del cargo. Sin embargo, el jefe de la sede legislativa ha subrayado que la decisión sobre el impeachment no guarda relación con este tema. "No hay ninguna motivación política. Lo habría rechazado si no fuera conforme a la Ley", ha sostenido, según ha informado el diario brasileño O Globo.

Ahora, Cunha debe notificar oficialmente su denuncia a Rousseff para que ésta conteste, tras lo cual se creará una comisión especial formada por miembros de todos los partidos para que dé su opinión sobre el juicio político a Rousseff. Su dictámen tiene que ser aprobado poruna mayoría de dos tercios del pleno de la Cámara de Diputados (342 votos), para después pasar al Senado, donde se tomará la decisión definitiva.