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Prisión sin fianza para el asesino de Tucson

Loughner escucha los cargos, pero no hace declaraciones

A. LAFUENTE

Entró en la sala mirando al frente. Jared Lee Loughner, el autor de la matanza de Tucson, compareció ayer ante el juez del Tribunal Federal de Phoenix, donde no hizo ninguna declaración pero dijo en voz alta y clara que entendía los cargos que pesan contra él: asesinato y asesinato frustrado, acusaciones por las que, en ese estado, podría ser condenado a la pena de muerte. El juez decretó que permanezca en prisión.

Loughner, de 22 años, ha sido acusado de matar a seis personas, de ellas dos empleados públicos, el juez federal de Arizona John M. Roll y el asistente del Congreso Gabriel Zimmerman. También se le responsabiliza de ocho intentos de asesinato, de los que tres son cargos públicos, la congresista Gabrielle Giffords y sus ayudantes Pamela Simon y Ron Barber. El director del FBI, Rober Mueller, no ha descartado que se le puedan añadir más cargos, entre ellos alguno de terrorismo.

Hasta ahora, Loughner no ha colaborado con el FBI. 'No ha dicho una palabra a los investigadores', informó el sheriff Clarence Dupnik, a quien fue entregado el pistolero tras ser reducido por dos asistentes al mitin en el que cometió la matanza. Los investigadores tienen claro que Loughner había planeado el asesinato de la congresista 'metódicamente', ya que en la caja fuerte de su casa hallaron un sobre en el que se leían las palabras: 'Lo planeé con antelación', 'mi asesinato' y 'Giffords'.

No está claro, en cambio, si actuó completamente solo, algo que la policía sigue intentando averiguar, aunque sí se sabe que el hombre al que el domingo buscaba la policía para interregorarle como 'persona de interés', porque había aparecido tras el pistolero en una imagen de las cámaras de vigilancia del supermercado donde sucedió la tragedia, era el taxista que lo llevó hasta el aparcamiento del supermercado y que estaba esperando que el joven le pagara, informó The New York Times.

El FBI también intenta buscar una posible filiación política de Loughner, ya que el Departamento de Seguridad Nacional sospechaba que tenía relación con grupos racistas de extrema derecha.

A Loughner lo defenderá Judy Clarke, el abogado famoso por haber llevado el caso del autor del atentado de Oklahoma en 1995, en el que murieron 168 personas, y el de Zacarias Moussaoui, condenado por su participación en los atentados del 11 de septiembre.

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