Tras dos años, los programas de reubicación y reasentamiento acordados por los Estados miembros de la Unión Europea en 2015 concluyen sin haber logrado su objetivo: acoger a 160.000 personas susceptibles de necesitar protección internacional y aliviar así la presión sobre los países de llegada. Un fracaso que evidencia las diferencias en cuanto a la gestión de la crisis migratoria en la Unión Europea y cuestiona la capacidad de la Comisión para hacer respetar el derecho europeo. Y ahora, ¿qué?

La crisis de la gestión de los fenómenos migratorios que Europa experimenta desde 2014 ha puesto en tela de juicio la política de asilo europea. Primero, porque el sistema de Dublín, según el cual un demandante de asilo debe ser reenviado de vuelta al primer país de la UE al que llegó, resultó inservible ante la emergencia humanitaria que supuso la llegada masiva a Europa de personas en busca de asilo. Segundo, porque la falta de solidaridad de los Estados miembros ha provocado el sonoro fracaso del único programa que la UE puso en marcha precisamente para compensar las carencias de Dublín. Tercero, porque ante la falta de compromiso de los países, la Comisión se ha visto incapaz de hacer respetar los acuerdos alcanzados.

Las personas en busca de refugio siguen llegando, los sistemas administrativos griego e italiano siguen colapsados y miles de personas siguen esperando una reubicación que no llega. 

Los Estados Miembros, obligados a cumplir

El plazo de dos años que los países europeos se dieron para reubicar y reasentar a 160.000 personas con necesidades de protección internacional, para aliviar la presión sobre los países de llegada, concluye hoy. La obligación de los Estados miembros de cumplir con su compromiso, no. “Aunque el plan de reubicación finaliza en septiembre, las obligaciones jurídicas de los Estados miembros, no”, ha insistido en numerosas ocasiones el Comisario Europeo de Migración, Dimistris Avramopoulos.

Pero entonces, ¿qué sentido tiene establecer una fecha de finalización? Esta fecha afecta no a la obligación de los Estados miembros sino que pone fin al plazo en que los refugiados pueden beneficiarse del programa. Es decir, toda persona susceptible de necesitar protección internacional que no haya llegado hasta ahora a estos países o no haya podido presentar su candidatura a la reubicación, ya no podrá hacerlo. Es decir, la carga recae sobre las personas, no sobre los Estados. Esto se complica además con el acuerdo con Turquía, según el cual todo aquel que llegue a Grecia por el Egeo de manera irregular, será devuelto de nuevo a tierras turcas.

Las sanciones, una opción poco probable

La Comisión Europea lanzó contra Hungría, Polonia y República Checa procedimientos de infracción por faltar a sus obligaciones en materia de reubicación. Y el procedimiento, ante la negativa estos países a cumplir con lo acordado, sigue y podría acabar en multa. Hungría y Eslovaquia llevaron incluso el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no ha hecho sino confirmar la obligación que estos Estados contrajeron cuando se comprometieron a participar en el sistema. Budapest y Bratislava consideraban que no era forma de resolver la crisis, que el sistema era un fracaso; Luxemburgo, que ha sido precisamente la falta de solidaridad de las capitales lo que ha boicoteado el programa.

Lo cierto es que la práctica totalidad de los países europeos ha faltado a sus obligaciones. Y aunque la Comisión Europea advirtió en su día de que usaría todas las herramientas jurídicas en su mano si el programa no concluía satisfactoriamente, parece poco probable que vaya a lanzar una oleada de procedimientos de infracción. Primero porque políticamente parece difícil de gestionar. Pero además, porque la reubicación solo es aplicable a personas de nacionalidades que superaran una tasa de reconocimiento de protección internacional de un 75% de media en el conjunto de la UE.

Esto, además de ser discriminatorio e ir en contra de la Convención de Ginebra, limita enormemente el número de personas que cumplen con los criterios. En cualquier caso, Bruselas achaca en parte el fracaso del sistema a las dificultades de autoridades griegas e italianas para registrar a los potenciales beneficiarios del programa. Pero eso sí, reconoce también que ahora mismo al menos 2.230 personas en Grecia y 4.000 en Italia están esperando ser reubicadas. Esto deja a Bruselas con un programa fracasado, varios Estados miembros abiertamente opuestos al mismo y sin armas para obligar a los países a cumplir con su obligaciones. Es decir, las carencias de este sistema ponen en realidad en tela de juicio la capacidad de la Comisión Juncker para hacer respetar el derecho europeo.

Aunque Jean-Claude Juncker tan solo lo mencionó brevemente en su discurso sobre el Estado de la Unión ante la Eurocámara, la migración es probablemente uno de los temas fundamentales con los que la Unión Europea va a tener que lidiar los próximos años. El miércoles, la Comisión presentará nuevas medidas dentro de la Agenda para la Migración. Aunque lo cierto es que el fracaso del sistema de reubicación es solo una muestra de la creciente falta de unidad en la UE respecto a una política migratoria europea que, la crisis de los últimos años lo ha demostrado, es necesaria.