Los seguidores de Benazir Bhutto están indignados con el Gobierno del presidente Pervez Musharraf. A la rabia que supuso el asesinato de la ex primera ministra se ha unido la ira provocada por la versión oficial del Ministerio del Interior sobre las causas de la muerte de Bhutto.

No se creen que la líder opositora muriera de un golpe en la cabeza como, sostienen las autoridades, y consideran que el Gobierno podía haber hecho mucho más para proteger a la candidata.

Los disturbios continuaron ayer en todo el país. Más de 40 personas han muerto desde el asesinato de Bhutto el pasado jueves. A las protestas lideradas por los seguidores del Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) de la ex primera ministra se han sumado numerosos actos de pillaje y vandalismo.

Tras reunirse con la cúpula del Gobierno, los responsables de los cuerpos de seguridad y con el jefe del Ejército, Asfaq Pervez Kiyani, Musharraf ordenó 'actuar con firmeza contra aquellos elementos que quieren aprovecharse de la situación lanzándose al pillaje y el saqueo'.

El presidente dijo que los disturbios son actos de 'malhechores y elementos antisociales que se ocultan bajo la apariencia de manifestantes políticos'. Musharraf afirmó que no se debe permitir que los incidentes alteren el proceso electoral en marcha previsto para el próximo 8 de enero.

Caos en Sindh

'Los delincuentes se están aprovechando de la tensa situación' informó Javed Cheema, portavoz del Ministerio del Interior, quien detalló que 174 bancos, 34 gasolineras, 765 comercios y 72 vagones de tren han sido incendiados en los disturbios registrados por todo Pakistán.

La provincia de Sindh, feudo de la familia de Bhutto, se mantiene aislada del resto del país por los disturbios. Todas las líneas de ferrocarriles, las tiendas y las gasolineras están cerradas por los constantes brotes de violencia en sus calles, según los canales privados de televisión paquistaníes. En esa provincia, la Policía disparó contra unos 400 militantes del PPP que intentaron asaltar una refinería en la ciudad de Hyderabad.

Se calcula que en un par de días la población sufrirá problemas de abastecimiento de alimentos en Karachi, puerto principal y capital financiera de Pakistán, donde se teme un colapso de la bolsa cuando reabra mañana.

La celebración de las elecciones parece cada vez menos probable, pese a la apariencia de normalidad relativa que pretende dar el Gobierno, después de que la Comisión Electoral advirtiera ayer de que la situación de seguridad no es la 'propicia'.

La Comisión tiene previsto reunirse mañana para decidir sobre los comicios, pero constató que los disturbios han supuesto un 'serio revés' para los preparativos electorales.

Testamento político

El viudo de Bhutto, Asif Ali Zardari, aseguró ayer que su esposa dejó instrucciones escritas para su partido. Zardari tiene previsto anunciar hoy el testamento político de la líder opositora, coincidiendo con la reunión del PPP para determinar si participa o no en los comicios de enero.

Zardari recibió ayer en su residencia de Naudero, en Sindh, al ex primer ministro Nawaz Sharif, líder de la también opositora Liga Musulmana de Pakistán-N (PML-N). Sharif acudió a Naudero a ofrecer en persona sus condolencias al marido y los hijos de su vieja rival para posteriormente visitar el mausoleo en el que ayer fue enterrada.

Antes de partir, Sharif dijo que su intención es sentarse a negociar con los líderes del PPP para persuadirlos de que se sumen al boicot de los comicios de enero que ha decidido la PML-N tras el asesinato de Bhutto.

'No atacamos mujeres'

El Gobierno acusó el viernes a Al Qaeda de estar detrás del asesinato de la ex primera ministra. Para su acusación se apoyó en un video del atentado y en una conversación telefónica atribuida al dirigente talibán Baitullah Meshud en la que éste felicitaba a un militante por el éxito del ataque contra Bhutto.

Los talibanes han negado las acusaciones. 'Lo rechazamos de pleno. Los clanes tribales tenemos nuestras propias costumbres. No atacamos a las mujeres', dijo Maulvi Omar hablando en nombre de Meshud.

El PPP sospecha de la implicación del Gobierno y le exige que muestre pruebas más convincentes sobre lo sucedido. 'Están nerviosos e intentan tapar sus fallos', afirmó un portavoz del PPP.