Este artículo se publicó hace 3 años.
Represión a la protesta en Cali'Cali of Duty': La cacería de civiles y la violencia policial convierten a la ciudad colombiana en epicentro del terror
Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, es objetivo militar. Durante el día hay mucho miedo, pero, cuando el sol se oculta, el terror invade la capital del convulso Valle del Cauca. Desde el 3 de mayo, cada noche, las fuerzas de seguridad del Estado, acompañadas por hombres armados vestidos de civil y con chalecos antibala bajo sus ropas, es decir, una suerte de paramilitares o infiltrados, inician la persecución: con rifles y pistolas disparan de forma indiscriminada. No hay claridad sobre el número de muertos, heridos y desaparecidos.
Ana María Ramírez Gómez
Cali (Colombia)-Actualizado a
La capital mundial de la salsa, donde, pese a la violencia acumulada desde hace décadas, los caleños no paran de bailar y de soñar con una vida en paz, se ha convertido en un infierno. Esta urbe alberga enormes barriadas donde habitan familias que tiempo atrás fueron campesinas y que se vieron obligadas, por la violencia que ejercieron sobre ellas los distintos grupos armados, a abandonar las zonas rurales donde nacieron. Ahora vuelven a ser víctimas de una oleada de angustia y terror perpetrado por el Estado, sin precedentes desde hace décadas.
La situación recuerda a los años en los que los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, controlaban el narcotráfico del suroccidente del país desde esa ciudad. Estas barriadas, conocidas como comunas y siempre estigmatizadas, vuelven a ser objetivo militar en el corazón de una de las zonas más convulsas de Colombia.
La Colombia más golpeada
Siloé es uno de esos barrios fundados por campesinos desplazados a los que la violencia les ha perseguido hasta Cali; nunca han dejado de sufrir pobreza, abandono y delincuencia. El enclave se levanta en una colina atravesada por escarpadas escalinatas con viviendas amontonadas; es la mejor fotografía de la Colombia real, donde nunca se detiene la música, pero donde se vive siempre con miedo.
Durante la noche del 3 mayo, la Fuerza Pública entró en Siloé (cuando se adentran en esta barriada no es para hacer la ronda, siempre bien armados) y disparó contra los manifestantes que protestaban contra el Gobierno, en el contexto de la huelga nacional convocada el 28 de abril. La policía disparó también contra los habitantes que simplemente tomaban el fresco, porque en la tropical Siloé se vive en la calle. El drama se expandió como la pólvora en las redes sociales.
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"Estábamos en una velatón pacífica (manifestación nocturna con velas) en el sector de la Nave y de la glorieta de Siloé. A eso de las nueve de la noche, la policía hace una pequeña arremetida con gases lacrimógenos, no fueron más de tres, pero lo hicieron desde un helicóptero. La gente empieza a correr, el GOES (grupo de operaciones especiales de la policía) empieza a disparar y, como si fuera una trampa, ya tenían más integrantes dentro de la comuna esperando que la gente corriera para dispararles de una forma vil. Incluso en las redes sociales hemos visto una publicación de uno de los policías que sube una foto suya y la ubicación en Siloé; y en la descripción dice: Cali of duty, como el juego de guerra. Con sevicia y de forma premeditada tenían claro lo que iba a suceder acá, afirma a Público Steven Ospina, líder social, abogado y defensor de derechos humanos que vivió en primera persona esa horrible noche y las que vinieron después.
El proyecto pretendía una subida del IVA del 19% a servicios públicos, gasolina, internet y productos básicos
Una vecina, Katherine Mena, comprobó desde las ventanas de su casa que los jóvenes no portaban armas y que participaban en la protesta de forma pacífica hasta que comenzó el ataque de la policía: "Se escucharon disparos y las personas corrían por todos los lados. También se vio un vehículo particular desde el que disparaban. Esto duró hasta las dos de la madrugada. La gente de Siloé estaba muy angustiada, no se pudieron trasladar los pacientes al hospital cercano por los disparos. Es grave que los colombianos no nos podamos expresar porque nos van a matar. Yo tengo dos hijas y estoy aquí por ellas, porque fueron momentos de angustia".
Ciudadanos bajo el fuego
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Los defensores de los derechos humanos están acompañando desde el inicio las manifestaciones. Uno de ellos, quien nos solicita que le llamemos David para no poner en riesgo su seguridad, explica que en Cali ya hay más de 30 muertos y deja claro que los apagones de luz e internet que se producen en barriadas como La Luna, Puerto Resistencia, Siloé o Paso del Comercio no son fortuitos, sino que forman parte de una estrategia para generar temor en la ciudadanía y poder disparar de manera indiscriminada contra los manifestantes desarmados. Los habitantes de Siloé ven cómo desde el 3 de mayo se presentan interrupciones en la señal de telefonía móvil y datos, lo que les dificulta hacer denuncias en tiempo real a través de las redes sociales.
Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica, con un 42,5% de su población en la pobreza
"La policía se está metiendo a la IPS (Instituto Prestador de Salud), donde llevamos a la gente herida, para que no haya atención médica ni testigos. No están respetando a la ONU ni a nosotros, el helicóptero está bajando más del nivel permitido para dar bala a los ciudadanos. Estamos viviendo días amargos, pero la comunidad está atenta a los plantones para darnos comida y apoyarnos", afirma David.
Son varios los plantones o concentraciones de manifestantes que han recibido ataques de la Fuerza Pública, como el sucedido en el barrio La 14 de Calima. "Estábamos tranquilos hasta que llegaron los antimotines y empezaron a tirar piedra. Yo mostré mi carné de defensor de derechos humanos y les pedimos que pararan, pero la policía empezó a disparar y cayó Nicolás. Cuando vimos que tenía una herida en la cabeza, no les importó que estuviera herido, siguieron disparando, lo que demoró su traslado al hospital y produjo su muerte", relata el activista a Público.
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Joan Nicolás García Guerrero era un joven artista de 27 años. Tenía una hija y hacía tiempo se había trasladado de Cali a España con su familia por la falta de oportunidades, pero añoraba su ciudad; por eso decidió regresar hace tres meses cuando le ofrecieron un empleo. Su protesta siempre fue pacífica, expresaba su inconformidad por medio del arte. Fue asesinado en la noche del 2 de mayo, su muerte fue transmitida en directo a través de Instagram por uno de los manifestantes, DJ Juan de León, que estaba reportando el plantón y logró captar el momento en el que Nicolás cayó al suelo inconsciente, tras impactarle una bala en la cabeza. Era familiar del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien está siendo incapaz de detener el derramamiento de sangre.
Ospina estableció el 4 de mayo una mesa de trabajo y una comisión de la verdad para esclarecer los sucesos, pero hasta ahora los pronunciamientos han sido vagos y confusos. "Sabemos que existe toda una plataforma tecnológica que está en el interés de multiplicar, de agrandar, de permear y también de no decir la verdad en algunos casos", declaró a los medios.
Hasta el 7 de mayo, la Alcaldía de Cali no había entregado datos oficiales de asesinatos, heridos o desapariciones. Sin embargo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) afirma que entre el 28 de abril y 6 de mayo al menos 28 personas habrían sido asesinadas durante las protestas. Por su parte, el medio de comunicación independiente Cuestión Pública reportó 42 desaparecidos. Los grandes noticieros y periódicos han evitado profundizar sobre estos graves sucesos.
Los periodistas que cubren las protestas pacíficas han presenciado hostigamientos y movimientos de camionetas que se pasean una y otra vez por las mismas calles y disparan de manera indiscriminada. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha dado cuenta de 115 agresiones a reporteros desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo. El fotoperiodista Christian Escobar Mora (autor de las fotografías de este reportaje) narró el 7 de mayo en vivo, a través de Instagram, los sucesos de los que fue testigo en el sector conocido como La Luna.
"A las 15:35 horas pasó una camioneta blanca de vidrios oscuros e hizo aproximadamente cuatro disparos. Nos encontrábamos periodistas de prensa internacional y nacional, la concentración estaba en calma y había 40 personas de un grupo cristiano realizando una actividad de oración. No había policías ni ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios )", relata a Público.
De Aguablanca a Puerto Resistencia
El distrito de Aguablanca es otra de las zonas más golpeadas por la violencia. El 90% de su población es afrocolombiana, desplazada de la costa del Pacífico por la acción de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. Por eso no es coincidencia que sea en el barrio Puerto Rellena, ahora llamado Puerto Resistencia, donde los ciudadanos se hayan plantado desde el 28 de abril para exigir un cambio social y económico. Tras sus concentraciones, convertidas en la resistencia pacífica de Cali, los lugareños van abandonando el lugar para dirigirse a sus hogares, entonces son perseguidos por camioneta o vehículos todoterreno con vidrios polarizados.
"El 3 de mayo me encontraba en Puerto Resistencia con una amiga. A las siete nos dirigimos a nuestras casas, cuando percibimos que una camioneta se parquea en la mitad de la calle esperando a que pasáramos. Nosotras nos quedamos quietas esperando al grupo que venía atrás. Cuando las otras personas se acercaron, nos unimos y seguimos caminando; la camioneta empezó a moverse lentamente hasta que vio que el grupo era muy grande y arrancó", relata a Público Carolina, una joven manifestante. El temor está justificado porque la comunidad supo que un furgón del que bajaron personas a disparar a los manifestantes era propiedad de la Policía, la prueba es que se encontró el uniforme de un agente en su interior.
La situación ha empeorado con la fuerza que la Minga (movimiento de protesta indígena) ha inyectado al paro. El ancestral pueblo Misak, originario del Cauca, al sur de Cali, ha resistido múltiples violencias durante siglos. Su guardia indígena, conocida por su valor para imponer la paz, lo que le ha valido ser víctima de masacres, capturó a un militar infiltrado que disparó a manifestantes en La Luna, y esas imágenes se hicieron virales.
Pero los cierres de vías han exasperado a otros ciudadanos que, protegidos por la misma policía, les dispararon el pasado domingo, con un saldo de dos heridos. Esos mismos ciudadanos amedrentaron a la prensa que intentaba contar los sucesos. A pesar de las exigencias del alcalde, el presidente Duque se había negado a viajar a Cali para hacerse cargo de la situación, aunque finalmente ha acudido en una visita relámpago de apenas cuatro horas para encabezar un consejo de seguridad sobre la situación en la urbe.
En su discurso, el presidente uribista ha prometido a los jóvenes colombianos algo que ya estaba establecido en los acuerdos de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Los mismos pactos que Duque criticó durante la campaña y ha incumplido sistemáticamente desde que llegó a la presidencia.
La violencia desatada en los últimos días ha logrado lo que paradójicamente la pandemia no pudo: encerrar a los caleños en sus casas durante la noche. El miedo a los disparos que escuchan detrás de sus ventanas es mayor al que tienen al coronavirus. A pesar de todo, muchos habitantes siguen apoyando las protestas pacíficas durante el día y se retiran cuando cae el sol. Y así, continúa la huelga nacional en la sucursal del cielo, apodo que acuñó para la ciudad el Grupo Niche en, quizás, el tema salsero más bailado en Colombia: Cali Pachanguero.
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