CARACAS.- El 2015 fue un año de adversidades para el Gobierno chavista de Nicolás Maduro, que pasó la mayor parte de este período golpeado por una grave crisis económica, y culminó con el despojo electoral de la mayoría parlamentaria que ostentaba la llamada revolución bolivariana desde hace quince años.

Las elecciones que se celebraron el 6 de diciembre constituyen el cierre de un año que los venezolanos vivieron en medio de colas para comprar más de 20 productos básicos que han desaparecido de los anaqueles después de que sus precios fueran regulados por el Estado, mientras el costo del resto de los artículos sube cada día.

Maduro dijo a lo largo de este 2015, y lo reiteró tras la derrota en las parlamentarias, que la oposición, en alianza con la empresa privada y con EE.UU, han desarrollado una "guerra económica" contra "Venezuela" con la idea de derrocarlo.

Según el presidente, es responsabilidad de esta guerra la escasez de productos, el desabastecimiento y la alta inflación, de la que se desconoce su número oficial pues a lo largo del 2015 el Banco Central de Venezuela se mantuvo en silencio y no reportó estos índices, así como tampoco el del Producto Interno Bruto.

Al conocerse que la oposición logró la mayoría de los diputados en las elecciones legislativas, Maduro dijo que quien triunfó fue esta guerra económica pues los venezolanos votaron motivados por la molestia de no conseguir los productos, de hacer colas para obtenerlos o por tener que pagarlos a precios exorbitantes.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de 167 diputados electa el 6 de diciembre, conformada ahora por 112 legisladores opositores y 55 chavistas, tendrá la posibilidad de designar la junta directiva de la cámara, que tomará posesión el 5 de enero de 2016, y de la que nunca ha formado parte la oposición. Esa mayoría también le permitiría a los opositores destituir a los magistrados y autorizar al Tribunal para enjuiciar al primer mandatario.

El impacto de este triunfo opositor llevó al presidente venezolano a anunciar la realización de un cronograma de debates con militantes y dirigentes del gobernante Partido Socialista de Venezuela (PSUV) y de la coalición que apoya al Gobierno llamada Gran Polo Patriótico y pedir ayuda para impulsar la economía.

Según datos ofrecidos por el mismo Maduro en octubre pasado, la inflación en Venezuela llegó este año a 85%, aunque el Fondo Monetario Internacional y economistas nacionales e internacionales cifran el índice en 160% al cierre del año. El jefe de Estado venezolano ha dicho que se trata de una inflación "inducida, especulativa, criminal".

El 2015 también fue el año del cierre de la frontera con Colombia y el decreto de un estado de excepción en toda la zona, medidas que el Gobierno de Nicolás Maduro empezó a activar a mediados de agosto argumentando que había que luchar contra la violencia paramilitar en la zona y el contrabando. Maduro dijo entonces que el cierre de la frontera obedecía a un ataque de supuestos contrabandistas paramilitares contra tres militares y un civil venezolanos.

El presidente afirmó, tras este incidente, que la causa de la escasez de productos básicos en la frontera era el contrabando y que la mayoría de esos artículos hechos en Venezuela se podían conseguir libremente en la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta a precios mucho más altos.

Con este decreto del estado de excepción, que se mantiene vigente, quedaron "restringidas" una serie de garantías establecidas en la Constitución venezolana ya que se podrá investigar "graves ilícitos administrativos" contra "las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio".

Bajo este panorama de crisis, el alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, fue acusado de participar en un plan de conspiración contra el Gobierno de Maduro y fue internado en febrero pasado en una cárcel militar de Ramo Verde, aunque desde abril se encuentra bajo arresto domiciliario por causas médicas.

Y mientras Ledezma espera desde entonces el inicio del juicio en su contra, el dirigente opositor Leopoldo López, preso desde principios de 2014, recibió en septiembre pasado una condena de 13 años y nueve meses de cárcel, una sentencia que la oposición espera poder revertir tras conseguir la mayoría parlamentaria.

La nueva Asamblea Nacional con predominio opositor puede aprobar una ley de amnistía que extinga la responsabilidad penal que pesa sobre varios políticos presos, entre ellos López, sentenciado por los delitos asociados a la violencia que se desató tras una marcha antigubernamental en marzo de 2014.

El chavismo se enfrenta este 2016 al reto de gobernar sin el dominio del Poder Legislativo, mientras la oposición tiene ante sí el desafío de legislar para impulsar, como lo ha prometido, un cambio en las políticas económicas e incluso, un cambio de Gobierno.