El nuevo pulso que el Gobierno y los camisas rojas opositores mantienen desde hace siete semanas en las calles de Bangkok puede conducir a Tailandia "a una guerra civil no declarada". Lo advirtió el think tank International Crisis Group (ICG), que pidió la mediación internacional para resolver una crisis política cada vez más profunda.

Roto el enésimo intento de diálogo, ambos bandos se han enrocado en posiciones inamovibles. El Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura, respaldado por las clases populares, exige elecciones anticipadas en un plazo máximo de tres meses. En cambio, el Gobierno de coalición liderado por Abhisit Vejjajiva, insiste en retrasar la cita electoral hasta fin de año.

Mientras, la tensión en Bangkok crece. Los camisas rojas siguen atrincherados en el centro comercial de la capital tailandesa y los numerosos agentes antidisturbios que les rodean esperan una orden para desalojarles.

"El número de muertes puede aumentar bruscamente si los militares desalojan a los miles de manifestantes acampados en el centro de la capital", advierte el informe del ICG. El intento previo del Gobierno de poner fin a las protestas por la fuerza, el pasado 10 de abril, culminó en un baño de sangre, con 24 muertos y unos 800 heridos, casi todos manifestantes.

La única figura capaz de generar un amplio consenso en Tailandia, el rey Bhumibol Adulyadej, no puede influir en esta crisis política como lo ha hecho en otras anteriores. El monarca, de 83 años, está hospitalizado desde hace meses y su estado de salud es tan delicado que el país se prepara para la primera sucesión real en seis décadas.

Por ese motivo, el ICG pide la creación de un grupo mixto, formado por figuras de renombre internacional y tailandeses independientes, para mediar entre las partes. El ministro de Exteriores, Kasit Piromya, ha rechazado la oferta. Asegura que todo está bajo control y subraya que la crisis se trata de un "asunto interno".