Los rumanos no pueden ser discriminados

Si la idea de las autoridades italianas, tal y como parece confirmarse, es la de considerar inmigrantes ilegales a los rumanos y, por lo tanto, delincuentes, encontrará más de un problema. La Comisión Europea tiene previsto hacer pública hoy una postura conjunta sobre el tema, pero según fuentes consultadas por Público, lo que sí está claro es que "en ningún caso", un ciudadano rumano podrá ser considerado "inmigrante ilegal".

Dentro de esta escalada de rechazo, Italia dio ayer el primer paso para considerar delito la inmigración ilegal, después de la reunión del Consejo de Ministros de Berlusconi en Nápoles.

Esto significa que, por ejemplo, un ecuatoriano al que le caduque el visado y permanezca en el país estará violando la ley y, por lo tanto, podrá acabar en la cárcel.

A nivel comunitario, la polémicas sobre inmigración se traslada hoy al debate entre los embajadores ante la UE de los 27 países miembros. La normativa sobre la repatriación de inmigrantes -que tiene muchas posibilidades de ser aprobada esta tarde- establecerá en 18 meses el límite máximo de retención de personas extranjeras indocumentadas. La polémica medida fue rechazada por 11 países en la primera votación el pasado día 7. Diez de ellos la consideraron demasiado blanda.

Respecto a este plazo, los países con las políticas menos garantistas son Estonia, Finlandia, Lituania, Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Suecia. En ellos, la duración de las retenciones es ilimitada.

El máximo de 40 días que puede estar retenida una persona en un CIE en España es uno de los límites más bajos de la Unión Europea, sólo por encima de Francia y Chipre, con 32 días e igualada con Italia.

Sin embargo, según consta en el programa electoral del PSOE y confirmó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba hace dos semanas, España prevé aumentar su plazo hasta los 60 días, pero en ningún caso hasta los 18 meses.

Asistencia jurídica

Tras semanas de debate y negociaciones, el principal punto de discordia que ahora se plantea es la asistencia jurídica gratuita, que existe en algunos países como España. Una nueva propuesta de la presidencia eslovena propone limitarla. Países como Francia, Grecia, Italia y, sobre todo, Alemania, han manifestado estar en contra por cuestiones económicas.

La postura de España dentro de este tira y afloja "ha sido de acercamiento de posiciones entre las políticas más alejadas", explica la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano. "Tenemos uno de los sistemas más garantistas en derechos y tutela de repatriados, y en Europa hay que buscar un espacio común pero que deje espacio para legislar a cada país".