Los saharauis presos carecen de las garantías de defensa legal

Dos días después de que Marruecos confirmase el número exacto de detenidos, 132, tras el desmantelamiento del campamento de Gdem Izik y las revueltas en El Aaiún, la opacidad informativa que rodea a la capital saharaui se ha extendido a la suerte que han corrido los presos y también a sus abogados.

Ni siquiera ha trascendido quiénes son estos letrados, ni donde están, y los allegados de quienes ahora están bajo custodia se muestran reticentes a dar sus nombres por temor a represalias.

No ha trascendido ni la identidad de los abogados ni la de los 132 detenidos

Este periódico contactó ayer con un pariente cercano a uno de los detenidos durante la protesta saharaui. El hombre aseguró que su familiar todavía no disponía de abogado; una afirmación que contradice lo declarado por él mismo días atrás, cuando relató a Público que, en sus visitas al hospital (su allegado está herido), le acompañaba el abogado del acusado. Versiones contradictorias que ponen de manifiesto el temor que atenaza estos días a la capital del Sáhara Occidental y a sus habitantes.

No se conoce con certeza el número de juicios celebrados; ni de fuentes saharauis, que callan por miedo, ni de las autoridades marroquíes, que ofrecen datos a cuentagotas. Fuentes de El Aaiún consultadas por este diario calculaban en 78 los detenidos que ya han sido juzgados y cifraban en siete años la media de las condenas que se les han impuesto.

La opacidad oficial y la intimidación que padecen los encausados, sus familias y sus letrados, hacen que carezcan de las mínimas garantías de defensa legal establecidas en el derecho internacional.

Fuentes de El Aaiún estiman que ya se han celebrado 78 juicios a saharauis

El mero hecho de que Rabat haya admitido un número de 132 detenidos ha sido considerado por el Frente Polisario como un reconocimiento de "la magnitud de la represión".

Varias asociaciones marroquíes de derechos humanos están ya elaborando informes sobre lo sucedido en El Aaiún. La agencia de prensa oficial MAP adelantó ayer fragmentos de uno de ellos, titulado Región de El Aaiún: Realidades y repercusiones, elaborado por la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH). En él se constatan las agresiones a efectivos de las fuerzas de seguridad, ataques e incendios de edificios y bienes públicos y privados.

El presidente de la Asociación Saharaui de Derechos Humanos (ASADEDH), Ramdan Mesaud Larbi, rechazó después las conclusiones de este estudio por considerarlo "sesgado" y carecer "de cualquier credibilidad", según manifestó a Europa Press.

Otro español está postrado a causa de las torturas que sufrió en comisaría

A pesar de que el Aaiún sigue siendo un pozo de oscuridad informativa, continúan saliendo a la luz nuevos testimonios de torturas.

Garhbar Baillal Ahmed es un saharaui de nacionalidad española que tiene su vida hecha en Lanzarote desde hace ocho años. En estos momentos está postrado en una cama, en El Aaiún. No puede incorporarse ni, por supuesto, andar. El día 9, la policía marroquí lo detuvo en casa de sus padres, y durante cuatro días fue torturado en la comisaría. Sus amigos han iniciado una campaña desde Canarias para traerlo de vuelta a España y que pueda recibir la atención médica que necesita.

Desde El Aaiún explica a este diario por teléfono que la policía hace guardia a la puerta de su casa. "Ya me han amenazado con que no hable con los periodistas si no quiero problemas, pero después de lo que me han hecho no puedo tener más miedo".

"Vivo y trabajo en Lanzarote, pero volví a El Aaiún para apoyar las demandas del Campamento Dignidad. El día 9, la policía vino a casa de mis padres, rompió puertas y ventanas y nos golpeó a mí y a mi hermano. Se llevaron toda nuestra documentación. Yo nunca había visto a policías robando, mantas, mi ordenador, todo...".

Después, este español fue conducido, con los ojos vendados, a la comisaría: "Piensas que estás en Guantánamo, oyes gritos horribles... Oí cómo unos agentes amenazaban con violar a una joven que dijo que tenía 16 años".

A él le golpearon con barras de hierro en la espalda. "Me acusaban de planear atentados contra ellos sólo porque en casa de mis padres hay cuatro bombonas de butano". Cuando lo soltaron no podía caminar. Su familia lo llevó al hospital de la ciudad, donde se negaron a atenderle: "Me dijeron que si venía de comisaría no podían ayudarme". Y regresó a la casa destrozada, sin puertas, sin ventanas.

"Mi hermano tiene la cabeza llena de puntos porque le pegaron con una pesa de un kilo, yo estoy impedido... Soy un ciudadano normal y corriente, tengo mi empresa de frutas en Lanzarote, no soy activista ni político, simplemente iba al campamento a ratos para apoyar la causa. Y no soy el único al que le han hecho esto, hay más españoles torturados, sólo respetan a los suyos y a los franceses", denuncia Garhbar Baillal Ahmed.

Ante la gravedad de las lesiones, su familia y el resto de la comunidad saharaui de la isla temen que le queden secuelas importantes y reclaman su urgente repatriación. "Yo quiero regresar a Canarias y que me vea un médico. Después, tengo que volver aquí, no puedo dejar a mis padres en esta situación, son mayores y me preocupa lo que les puedan hacer", se desespera.