BOGOTÁ.— "Es el fin de las FARC como grupo armado", señaló este jueves el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, tras la firma en el Palacio de Convenciones de La Habana del acuerdo sobre el cese definitivo de hostilidades y, también, el desarme y desmovilización de la guerrilla más antigua y poderosa del continente americano.

El delegado del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, y el de la insurgencia, Iván Márquez, pusieron su firma ante siete jefes de Estado latinoamericanos, entre ellos Raúl Castro y el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en un acuerdo que, además de significar el cese de hostilidades, prevé la desmovilización de la guerrilla —6.770 efectivos armados y 8.500 milicianos— en 22 zonas de concentración y 8 campamentos repartidos por todo el país, que supervisarán 340 enviados civiles —no armados— de Naciones Unidas, que ya han empezado a llegar a Colombia.

También se ha acordado la persecución por parte del Estado de los grupos criminales sucesores del paramilitarismo, un punto al que, según revelaron a 'Público' miembros del Secretariado de las FARC sentados en la mesa de negociaciones, se resistió el Gobierno hasta última hora, con objeto de no darles un estatus político a las llamadas "bandas criminales", que serán el mayor temor de los guerrilleros una vez desmovilizados, tras la experiencia de anteriores intentos de acuerdos de paz, después de cuya firma fueron asesinados, por ejemplo, los máximos dirigentes y candidatos a la Presidencia del M-19, o se exterminó a más de 3.000 miembros de la Unión Patriótica, un movimiento político surgido de las FARC para hacer política legal en los años 80.

Finalmente, se ha firmado en el acuerdo que la ratificación popular de los acuerdos de paz se sujete a lo que decida la Corte Constitucional de Colombia. Hasta el momento las FARC se habían negado a otra fórmula para la consolidación de lo pactado que no fuera una Asamblea Constituyente, a lo que se negaba en redondo el Gobierno de Santos.

En la práctica, la firma de hoy en La Habana significaría el final de una guerra que ha durado 52 años, desde la fundación de las FARC por Manuel Marulanda, Tirofijo, "sin que ninguna de las partes, Gobierno y guerrilla, hayan conseguido derrotar al adversario", como recordaba a Público un importante general colombiano sentado en la mesa de Paz, víctima de los ataques de los seguidores del expresidente Uribe, partidarios de continuar la guerra con la subversión hasta su exterminio.

Con ser importantes y con gran repercusión internacional, los acuerdos de este jueves están supeditados a la futura negociación del resto de puntos pendientes: la reinserción de los presos de las FARC, en la práctica una amnistía; la creación del Tribunal especial para la Paz, las garantías de seguridad para los desmovilizados y, sobre todo, la refrendación popular en Colombia de los acuerdos de paz, sin la cual quedarían sin vigencia.

Solo tras la ratificación popular, y en plazo de seis meses, se produciría la entrega de armas a los supervisores de Naciones Unidas. Sería el fin efectivo y material de una guerra de más de medio siglo que ha provocado 300.000 muertos y más de seis millones de desplazados.