El sargento estadounidense acusado de la muerte de 16 civiles en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para evitar ser condenado a muerte, según informó una de sus abogadas, Emma Scanlan.

Robert Bales se enfrenta a 16 cargos de asesinato premeditado, seis de intento de asesinato y siete de asalto, entre otros.

Scanlan ha indicado que Bales se declarará culpable de los cargos de asesinato premeditado y se presentará ante un tribunal militar para escuchar su sentencia a cadena perpetua a la espera de que se le conceda la libertad condicional.

La versión oficial del Ejército plantea que Bales, de 39 años, abandonó su base a primera hora de la mañana del 11 de marzo y se dirigió a dos pueblos para disparar y apuñalar a varias familias. Al menos nueve de los fallecidos eran niños.

Durante las vistas previas celebradas en noviembre, la Fiscalía aseguró que el sargento Bales había actuado de forma deliberada y sugirió como móvil de su ataque una posible venganza. Uno de sus compañeros había perdido una pierna a consecuencia de un atentado con bomba.

La defensa, por su parte, se agarró al consumo de alcohol, esteroides y pastillas para poner en cuestión el estado mental del acusado. Sus abogados, que no han presentado una versión alternativa de los hechos, han esgrimido que Bales sufría estrés postraumático.

Desde que en 1984 se revisó la normativa para los procesamientos de casos graves en tribunales militares, 16 hombres han sido sentenciados a ser ejecutados y cinco de ellos se encuentran en el corredor de la muerte. Nueve de las 16 sentencias fueron apeladas y otras dos, canjeadas por cadena perpetua.

El presidente de Estados Unidos debe aprobar estas sentencias, algo que solo ha ocurrido en uno de los 16 casos, en 2008, durante el mandato de George W. Bush. Desde 1961, el país norteamericano no ha ejecutado a nadie que haya sido condenado por el fuero militar.