El recorte de pensiones programado por el presidente Nicolas Sarkozy es 'justo y necesario', repetían sin cesar los miembros del Gobierno francés. Sólo 24 horas después de la masiva jornada de manifestaciones y huelgas que demostró que los franceses se piensan lo contrario, el fenómeno tenía su explicación: Sarkozy exigió a todos sus ministros que suden más por la impopular reforma. Porque hay que llevar el proyecto de ley 'hasta el final'.

Así replicaba, con firmeza, el Ejecutivo a la fuerte subida de nivel de la protesta contra la reforma que prevé endurecer las condiciones de acceso a la pensión de los jubilados. Tras las huelgas y manifestaciones del martes, que reunieron a más de tres millones de personas y recibieron por primera vez el refuerzo de los estudiantes de secundaria, los equipos de Sarkozy están en alerta roja. Los paros, aunque con menor seguimiento que el martes, proseguían en varios sectores, incluidos transporte, petróleo y enseñanza.

El Gobierno francés se esperaba un endurecimiento del movimiento contra el tijeretazo, pero creía que llegaría por los canales clásicos; es decir, un parón del país desde el transporte ferroviario, bastión sindical. En realidad, Sarkozy hace frente ahora a una protesta diversa y plural, dispuesta a durar meses en huelgas de baja intensidad.

Con apoyo masivo de la opinión pública, según los sondeos, los sindicatos mantienen la presión

Con apoyo masivo de la opinión pública, según los sondeos, los sindicatos mantienen la presión. Por regiones y por sectores, con innumerables huelgas intermitentes y por turnos en transportes, enseñanza, servicios de recogida de basuras, energía y correos, diseñadas para causar la menor pérdida de salario posible para los trabajadores.

La lista de acciones y paros sería interminable. Las cantinas escolares siguen en huelga en varias ciudades; los basureros de Marsella no dejan salir un solo camión; todos los sindicatos de enseñanza llaman a una huelga de maestros desde hoy en las escuelas primarias de París, y está en preparación el relevo en la región de Toulouse; en Chartres, cien militantes del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) tomaron el control de un peaje de autopista y dejaron pasar gratis a miles de automovilistas; los ciudadanos de la localidad de Roanne se manifiestan uno de cada dos días; casi 300 institutos siguen cerrados.

En las huelgas, la participación se situaba entre el 14% y el 45%, incluido en la compañía ferroviaria nacional, y en la red de metros regionales de París, los llamados RER.

Las cantinas escolares siguen en huelga en varias ciudades

Mucho más alta era la participación en lo que se está convirtiendo en punta de lanza del movimiento, que cuenta con el apoyo de dos de cada tres franceses. Son las refinerías y las terminales portuarias de hidrocarburos. Nueve de las 12 refinerías de Francia están casi paralizadas, por huelgas o por bloqueos. La petrolera Total anunció al Gobierno que se dispone a paralizar por completo sus seis refinerías, de las que depende más del 60% del abastecimiento del país. La Unión de Industrias Petroleras señaló que, de seguir la actual situación, la semana próxima será necesario movilizar las reservas estratégicas.

La segunda punta de lanza del movimiento no es un sector, sino una ciudad: Marsella. Allí se concentra la huelga intermitente de estibadores, el bloqueo de terminales petroleras y de metano y varios paros más, como el de transportes y servicios de recogida de basura.

La pregunta es: ¿y ahora qué? El presidente Nicolas Sarkozy, según sus colaboradores, afirmó que 'no podemos ir más lejos en las concesiones', y lanzó a sus ministros a repetir en las televisiones y radios que la reforma de las pensiones es lo mejor que les puede pasar a los franceses, una idea que los ciudadanos rechazan desde hace ahora ocho meses.

Sarkozy: 'No podemos ir más lejos en las concesiones'

Con ese gesto, el presidente intenta pasar a retaguardia en este combate, dejando en primera línea a un Gobierno muy tocado desde el estallido del caso Bettencourt sobre financiación ilegal de partidos y fraude fiscal, y el anuncio de una remodelación, en junio pasado.

La izquierda política reclama un referéndum sobre pensiones, algo que, dado el estado del país, sería una obligación. Sarkozy no quiere tener que responder a esa exigencia, porque podría amenazar la mayoría de su partido en el Parlamento y su reelección en el Elíseo en 2012.

Los sindicatos, por su parte, no quieren oír hablar de referéndum. Bernard Thibault, líder de la CGT, marcó un camino a Sarkozy. Después de señalar que esta conflictividad va a durar meses si el presidente mantiene el tijeretazo, dijo: 'Antes de que una ley entre efectivamente en vigor, pasan muchos meses, y a veces nunca se aplica. Ya hubo leyes en el pasado que fueron aprobadas y luego nunca salieron los decretos de aplicación'.

Sólo Sarkozy, los sindicalistas y algunos periodistas saben a qué se refiere: es casi exactamente eso lo que pasó con la supuesta 'reforma de las pensiones de régimen especial' de Sarkozy en otoño de 2007.

El director de la Gendarmería francesa, el general Jacques Mignaux, compareció ante una comisión de la Asamblea Nacional para explicarse sobre la querella presentada ante la Justicia por la existencia de un “fichero genealógico” de familias gitanas. El militar afirmó que “no tenemos un fichero étnico”, pero reconoció que existe una “base de trabajo” y que hubo “comportamientos anormales” en su elaboración. Según el general, la “base de trabajo”, bautizada Minorías Étnicas No Sedentarizadas (MENS), es “un acrónimo utilizado para facilitar la clasificación y el intercambio de informaciones, y no para constituir fichas”. Y denunció una “tentativa de desestabilización de los gendarmes”.La diputada socialista Delphine Batho subrayó que “no hay ninguna diferencia” entre un “fichero” y una “base de trabajo”. El Ministerio de Justicia no ha cursado, por el momento, ninguna orden a la fiscalía para q investigue la querella.