@Alopezdemiguel

MADRID.- Bruselas no desperdicia ninguna ocasión para presumir de su flamante ICS, el mecanismo de blindaje de las multinacionales que incorporan los tratados de libre comercio que negocia con Washington y Toronto, TTIP y CETA. Pero, al igual que su antecesor, el ICS permitirá a las empresas demandar a estados por cifras millonarias ante tribunales de arbitraje cuando consideren que sus inversiones se han visto perjudicadas por cambios normativos ejecutados por estos estados.

Un estudio elaborado por el Observatorio Corporativo Europeo (CEO) al que Público ha tenido acceso en primicia en España desmonta el nuevo mecanismo vendido por el Ejecutivo comunitario, e insiste en que no es necesario crear “un régimen jurídico especial para proteger a los inversores extranjeros”. “Las multinacionales de hoy en día se encuentran entre las más prósperas y sofisticadas del mundo, y disponen de capacidad para evaluar los posibles riesgos y la rentabilidad que cabe esperar en función de estos. Y en caso de que los riesgos sean demasiado grandes, esas multinacionales ya disfrutan de otras opciones, como los tribunales ordinarios, los seguros privados y los mecanismos públicos de garantía de inversiones”, reza el documento.

“En todo el mundo, los inversores han impugnado leyes que protegen la salud pública, como leyes antitabaco o prohibiciones sobre el uso de productos tóxicos”, recuerdan

La democracia en venta, Cómo las normas de protección de las inversiones en el Ceta podrían generar un auge de demandas de inversores contra Canadá y la UE, elaborado por el CEO, Transnational Institute, Amigos de la Tierra Europa y otras organizaciones civiles advierte también de que el ICS “puede impedir que los Gobiernos actúen en el interés público” . “En todo el mundo, los inversores han impugnado leyes que protegen la salud pública, como leyes antitabaco o prohibiciones sobre el uso de productos tóxicos”, recuerdan.

Grosso modo, estas son seis de las claves del blindaje de las multinacionales en el Comprehensive Trade and Economic Agreement (CETA, en inglés), aunque Bruselas tienda a olvidarlas.

-Ni realmente son tribunales ni las decisiones las toman árbitros: La Comisión Europea esgrime a su favor que el Investor Court System (ICS), el nuevo mecanismo que incorpora el CETA, permite la posibilidad de apelar, y recuerda que han modificado al alza los criterios básicos para escoger a los árbitros. Sin embargo, éstos no cuentan con un sueldo fijo, por lo que cobran en función del número de casos en los que participen, “y muestran una clara tendencia a interpretar la ley en favor de los emisores”, según el CEO. “Aunque la Comisión Europea asegura que estos tribunales son ‘públicos’, la mayor asociación de jueces y fiscales de Alemania apunta que ni el procedimiento propuesto para designar a los integrantes del ICS ni su posición cumplen con los requisitos internacionales mínimos de independencia de los tribunales, y que el ICS no es un tribunal internacional, sino más bien un tribunal de arbitraje permanente”, afirma.

-El ICS tiene nuevos peligros. Incorpora una cláusula que protege las “expectativas legítimas” de los inversores mediante lo que se conoce como “trato justo y equitativo” -similar a la del TiSA-. “El CETA podría tipificar una interpretación muy amplia de esta cláusula, que otorgaría a los inversores un potente instrumento para luchar contra cualquier cambio normativo, incluso aunque este se adopte a la luz de nuevas evidencias o decisiones democráticas”. “El CETA ampliará de manera significativa el alcance del arbitraje de inversiones, exponiendo a la UE, sus Estados miembros y Canadá a unos riesgos de responsabilidad jurídica impredecibles y sin precedentes”, asegura el informe.

Canadá ha pagado más de 153 millones de euros en concepto de daños a las empresas con el NAFTA

-Ya hay precedentes: Desde la entrada en vigor en 1994 del NAFTA (North American Free Trade Agreement), el acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y EEUU, el primero ha sido demandado 37 veces ante tribunales arbitrales. El informe recoge que ha perdido o ha tenido que llegar a un acuerdo sobre ocho demandas, y ha pagado más de 171,5 millones de dólares (153,69 millones de euros) en concepto de daños. “Las demandas que aún siguen en curso afectan a un amplio abanico de medidas gubernamentales que, supuestamente, menoscaban el valor de las inversiones extranjeras: desde una moratoria sobre el fracking y una revocación afín de los permisos para perforar pozos a una decisión de los tribunales canadienses de invalidar ciertas patentes farmacéuticas que no eran lo bastante innovadoras o útiles. Los inversores extranjeros están reclamando al Gobierno canadiense varios miles de millones de dólares por daños y perjuicios”, sentencia.

-Abre la puerta a nuevas demandas de bancos, aseguradoras y sociedades financieras. Según el análisis del CEO, los inversores especulativos, respaldados por abogados especializados en inversiones, recurren cada vez con más frecuencia al arbitraje de inversiones para demandar a estados que están atravesando crisis económicas. “Los títulos de inversión de la UE en Canadá son significativos en el sector financiero y, con el CETA, estos conseguirían unos derechos de gran calado para iniciar litigios”, reza.

-Sirve de alfombra roja para que las filiales de EEUU en Canadá demanden a empresas europeas. Aunque la UE excluyese o limitase el mecanismo de blindaje de las corporaciones, las filiales de multinacionales estadounidenses con sede en Canadá podrían recurrir a estos tribunales para demandar a los estados europeos, y el mecanismo permitiría también operar en sentido contrario a las filiales de EEUU en el Viejo Continente.

-Mayor riesgo medioambiental: Según el estudio, el acuerdo incrementaría el riesgo de que la UE y los 28 sean demandados por inversores canadienses en sectores como la minería y la extracción de petróleo y gas. “Algunas compañías mineras canadienses ya están involucradas en una serie de polémicos proyectos relacionados con recursos naturales en la UE. Los especialistas en minería ya están celebrando el CETA como un acuerdo “histórico”, que tendría “importantes repercusiones para las empresas mineras”, reza el texto.

Estas empresas recurren con frecuencia a estos tribunales arbitrales, para los que España es ya una habitual. Fue el país más demandado en 2015 según el organismo de la ONU encargado de monitorizar esta actividad (UNCTAD), y las 15 demandas registradas estaban relacionadas con los recortes a las renovables y otras medidas energéticas puestas en marcha por el PP, cuando el denostado José Manuel Soria ostentaba la cartera de Industria, Energía y Turismo. “La demanda interpuesta por la empresa canadiense Gabriel Resources contra el Gobierno de Rumanía, que no aprobó un proyecto de explotación minera de oro en Roşia Montană por la destrucción ambiental y el desplazamiento de personas que provocaría, da una buena idea del tipo de demandas que los Estados miembros de la UE pueden esperar de las compañías canadienses”, sostiene el estudio. De hecho, a la vista de los documentos filtrados, otros acuerdos como el TiSA o el TTIP avanzan en una dirección bastante similar.

Con estos datos y razonamientos sobre la mesa, las organizaciones que firman el informe piden a la Comisión Europea, al Gobierno canadiense y a los 28 que rechacen el texto del CETA y el mecanismo de blindaje de las corporaciones, “que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los Gobiernos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente”.

La siguiente cita decisiva para el acuerdo tendrá lugar el 23 de septiembre, cuando los ministros de Comercio de la UE abordarán en una cumbre informal en Bratislava el estado de las conversaciones y las respectivas hojas de ruta del CETA y de su homólogo estadounidense. 

A diferencia del TTIP, las negociaciones entre Bruselas y Toronto concluyeron en septiembre de 2014, y hoy el acuerdo está listo para ser ratificado por los 28 durante este mes de octubre, para después pasar a los respectivos parlamentos nacionales. Sin embargo, antes de que el Congreso de los Diputados y sus homólogos puedan votar, el CETA ya habrá sido implementado parcialmente, por lo que la mayoría de sus engranajes ya estarán en funcionamiento, y serán muy difíciles de parar.