El Senado de Florida ha aprobado este lunes una ley de seguridad escolar que eleva a 21 la edad mínima legal para comprar fusiles en el estado y restringe el número de profesores que podrán acudir armados a los centros educativos.

La medida, que también recoge la creación de nuevos programas de salud mental en los colegios e institutos, ha sido aprobada con 20 votos a favor y 18 en contra, según ha recogido el diario local USA Today.

Un gran número de senadores republicanos ha rechazado la idea de aumentar la edad mínima para hacerse con dichas armas y se ha opuesto a la idea de establecer un periodo de tres días de espera antes de poder adquirir un rifle.

Los demócratas, por su parte, han denunciado que la ley no provocará un cambio significativo dado que no incluye una prohibición total de la venta de rifles y permite la compra de grandes cantidades de munición.

El Senado, que ha enmendado así una ley que buscaba armar a todos los profesores de las escuelas, ha indicado que los maestros tendrán que someterse a un programa antes de poder portar armas en sus respectivos lugares de trabajo.

La normativa, que queda ahora en manos de la Cámara de Representantes, ha sido aprobada tres semanas después de que 17 personas murieran a manos de un joven de 19 años en un tiroteo registrado en un instituto de la localidad de Parkland, en Florida.

Tras la masacre, el presidente del país, Donald Trump, propuso armar a los profesores en un intento por frenar este tipo de ataques y aseguró que una escuela sin armas es una diana para "la gente malvada".

El gobernador del estado, el republicano Rick Scott, también se había mostrado contrario a armar a los profesores. A finales de febrero, Scott abogó por elevar de 18 a 21 la edad mínima para comprar armas e instó a los congresistas a nivel estatal a aprobar una restricción del acceso a las armas para los jóvenes y aquellos ciudadanos que padezcan trastornos mentales.

La decisión del Senado de Florida -que busca en parte contentar a la mayoría de progenitores- supone un duro revés para la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que se ha opuesto a aumentar las restricciones. 

Según la normativa, los profesores no podrán portar armas a menos que formen parte del programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior, sean miembros del Ejército o antiguos agentes de Policía.

La ley también incluye una financiación de unos 400 millones de dólares (323 millones de euros) destinados a varias iniciativas y programas de salud mental para garantizar una mayor seguridad en los colegios e institutos.