BRASILIA.- Apenas una hora después de concluir la votación del impeachment contra Dilma Rousseff, el interino Michel Temer llegó al pleno del Senado para tomar posesión del cargo de nuevo presidente. Una comitiva de senadores, jueces del Tribunal Supremo, y funcionarios del Congreso le seguían en procesión. Todos querían tocarle, saludarle, sacarse fotos con él. Vítores de “Temer presidente” contrastaban con algún grito aislado que le llamaba “golpista”.

Dentro de la Cámara los abrazos y las sonrisas continuaron. Como si fueran los jugadores de un equipo que se felicitan por el buen resultado en el campo. Todos hombres, todos de edad avanzada, y todos felices, registraban el esperado momento en sus móviles. La ceremonia duró 12 minutos. La mitad de ellos dedicados a cantar el himno del país, interpretado por los fusileros navales. El nuevo presidente de Brasil no perdió el tiempo. Tampoco habló. Ni una palabra salvo la lectura obligada de su compromiso con la Constitución.

Temer será presidente hasta el 31 de diciembre de 2018. Un hombre que a sus 78 años, más de la mitad dedicados a la política, nunca ha ganado una elección directa 

Michel Temer tenía prisa, ya lo había advertido. Desde hacía semanas planeaba un encuentro especial con empresarios chinos antes del inicio del G-20, el próximo domingo en Hangzhou. Los chinos ponían como condición para negociar que ya fuera presidente efectivo.

Desde el 31 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2018 Michel Temer será el presidente de Brasil. Un hombre que a sus 78 años, más de la mitad dedicados a la política, nunca ha ganado una elección directa. Algo que bien representa a su partido, el PMDB, que desde la derrota de Orestes Quércia en 1994, no presenta ningún candidato a la presidencia. Para esta formación que funciona como un partido bisagra interesado en acumular cargos de poder, ya es la segunda ocasión que consigue alcanzar el máximo cargo del Ejecutivo gracias a la fórmula del impeachment: Itamar Franco (PMDB) se hizo presidente con la caída de Fernando Collor, como hoy Michel Temer asume el cargo de Dilma Rousseff.

Después de su viaje a China Temer tendrá que enfrentarse a algunos problemas. Por un lado está su baja popularidad, apenas el 13% de los brasileños aprueba la gestión que ha llevado a cabo en sus casi tres meses como presidente interino. En su primer mes tuvieron que abandonar el cargo tres ministros de su nuevo equipo por acusaciones de corrupción. Temer también tuvo que dar marcha atrás a decisiones apresuradas como la de cerrar el Ministerio de Cultura. Y tuvo que desmentir las declaraciones de algunos de sus ministros que anunciaban cortes drásticos en sus carteras. Sin embargo, el nuevo mandatario que eligió como mano derecha de su Gobierno al ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, ya ha advertido que el país sólo podrá salir de la crisis con dos medidas fundamentales: ajuste fiscal y privatizaciones. Tendrá tan solo dos años para demostrar que funciona. A continuación repasamos los principales cambios de la nueva etapa política que le espera al país:

La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 241) es una de las prioridades del nuevo Ejecutivo, y una de las medidas que suscita más polémica. La propuesta impone un nuevo régimen fiscal en el que se impone un techo a los gastos sociales de modo que sólo puedan ser reajustados en relación a la inflación de año anterior. Esta medida acabaría con las vinculaciones constitucionales de obligatoriedad de invertir en áreas básicas como Educación y Sanidad.

La nueva ley, que se pretende que entre en vigor en enero de 2017, supone “el mayor cambio estructural en relación a los gastos públicos desde la Constitución de 1988”

Pero esta medida también afectaría a la asistencia social, seguro de desempleo, etc. Según la economista y profesora de la Universidad de São Paulo, Laura Carvalho: “Si esta ley hubiera estado en vigor en 2015, y otros gastos no sufrieran la reducción real, los presupuestos en Sanidad se habrían reducido este año un 32% y los de Educación, un 70%”. Para el economista Eduardo Fagnani esta nueva ley “entierra a la Constitución de 1988 en materia de derechos sociales”. El politólogo André Singer también lo considera “el mayor cambio estructural en relación a los gastos públicos desde la Constitución de 1988”, y asegura que éste ha sido “el verdadero motivo del impeachment” contra Rousseff. La medida ya ha sido aprobada en la Cámara de los Diputados y deber aprobarse en el Senado antes de diciembre para que entre en vigor en enero de 2017.

Es la segunda medida que se quiere aprobar con más urgencia. En los gobiernos petistas el sistema de pensiones funcionó como uno de los principales instrumentos de redistribución de renta, pero la deuda en 2016 asciende a 149,2 billones de reales (algo más de 40 billones de euros). Esa es la justificación del equipo de Temer para proponer “cambios urgentes” como la subida de la edad de jubilación a los 65 años para mujeres y 70 años para hombres. Actualmente para jubilarse en el sector privado se solicita que el trabajador haya contribuido durante 30 años, en el caso de las mujeres, y durante 35 años los hombres. El nuevo gobierno se queja de que haya gente que con 50 ó 55 años ya esté jubilada, pero olvida que las clases más humildes comienzan a trabajar muy pronto: “Si la gente más pobre empieza a trabajar a los 14 años cómo les vas a hacer algo así, a los 70 están destruidos o muertos”, dice Edson Silveira, de la asociación de vecinos de la comunidad de Nueva Holanda, en Río de Janeiro.

Si se sigue adelante con los planes del ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, los trabajadores también van a sentir los cambios en las leyes laborales. Uno de las modificaciones tendría que ver con el hecho de que en la negociación de los contratos prime lo acordado con la empresa y no lo estipulado por el convenio colectivo. A su vez está la aprobación de la Ley de Tercerización Laboral, que ya pasó por la Cámara de los Diputados, y que pretender permitir a las empresas subcontratar sus servicios incluso para su actividad principal: “Es un verdadero atentado a los derechos de los trabajadores porque al ser subcontratados no van a tener quién les defienda y van a perder derechos tan básicos como las vacaciones pagadas, o el décimo tercer sueldo”, explica el secretario del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria, Antonio Augusto de Queiroz.

Nada más asumir el Gobierno interino, el pasado 13 de mayo, Michel Temer advirtió a su nuevo equipo que la idea era “privatizar todo lo posible”. El Plan Temer pretende recaudar 10 billones de euros entre privatizaciones, concesiones y asociaciones público-privadas. El sector de transportes y el enérgetico serán las prioridades. Algunos de los sectores se venderán por partes y otros de forma completa, tanto a empresas nacionales como a extranjeras.

Nada más asumir el Gobierno interino, el pasado 13 de mayo, Michel Temer advirtió a su nuevo equipo que la idea era “privatizar todo lo posible”

En el ámbito energético, las hidroeléctricas que dan beneficios millonarios a las arcas del Estado, serán las primeras en privatizar. La estatal Eletrobrás ha anunciado que al menos 174 de sus pequeñas empresas asociadas pasarán a pertenecer al sector privado. Los estados más endeudados del país también han optado por poner a la venta sus activos. Río de Janeiro ya ha confirmado que privatizará la empresa CEDAE de alcantarillado, y otros candidatos tiene que ver con el sector del gas, la luz, e incluso bancos. También pasarán a capital privado guarderías, prisiones y algunos hospitales.

El descubrimiento petrolífero del Presal ha sido la joya de la corona de la economía brasileña y de la petrolera estatal Petrobrás, que hoy se encuentra inmersa en una de la mayores crisis de la última década debido a diversos escándalos de corrupción que salieron a la luz en 2014. Pero antes de que se conocieran las corruptelas alrededor de la petrolera, el actual ministro de Exteriores, José Serra (PSDB), hizo una propuesta de ley para cambiar el régimen de gestión de Petrobras. En la actualidad Petrobras tiene la obligación de tener una participación mínima del 30% en todas las áreas de operación. Con el proyecto de Serra, el cual ya ha pasado por la aprobación del Senado (faltaría la firma de Temer) se retira esta obligatoriedad y se da más oportunidades a las empresas extranjeras para que puedan participar con más porcentaje de operación en los descubrimientos de la zona. Esta medida es otra de las más polémicas, ya que los gobiernos petistas siempre defendieron que una de las empresas más importantes del país estuviera bajo el control total del estado.

El ministro Serra advirtió nada más asumir que su objetivo era “despolitizar la política internacional”, hacer “todo lo contrario de Lula”. El profesor del Programa de Integración de América Latina de la Universidad de San Pablo (USP), Wagner Iglecias, lo traduce: “Hablar de despolitizar es pura retórica. Para Serra y Temer eso significa cambiar las prioridades de nuestra política exterior, reconducir al país al viejo papel secundario de la política externa de Washington y de la Unión Europea”. El profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas, Matías Spektor señaló cómo en el primer discurso de Serra no mencionó América del Sur, ni a los BRICS. Su mención a Mercosur fue para indicar que había que “redefinir” el bloque. Lo que Serra sí dejó claro fue un retorno a los “acuerdos bilaterales tanto con Estados Unidos como con Europa”, vulnerando así las bases de Mercosur. Dentro de la región latinoamericana la apuesta es acercarse a la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú, México y Costa Rica ) porque en palabras de Serra sería “la región más prometedora del siglo XXI”.

Michel Temer, el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, están acusados de recibir dinero negro para financiar sus campañas electorales y de recibir mordidas de diversas empresas vinculadas con el escándalo de Petrobras, que investiga la Operación Lava Jato. Los tres lo niegan y todavía no hay pruebas que lo comprueben. Desde el mes de junio una serie de abogados con clientes investigados por la Lava Jato elaboran una propuesta que podría entrar dentro del paquete de reformas de las políticas anticorrupción, en la que se exige la distinción entre “recibir dinero negro” y “recibir dinero de mordidas”. La Ley actual es difusa a la hora de diferenciar ambos delitos, y en la operación Lava Jato ambos crímenes han caído en el mismo saco. Diferenciarlos supondría que 200 parlamentarios pudieran librarse de las acusaciones de dinero negro, por lo que esta propuesta que se conoce vulgarmente como “la amnistía de Lava Jato”.